El fiscal argumentó esta modificación en el importe de lo presuntamente defraudado y en la gravedad de los hechos, ya que al menos 11 ancianos fueron "desposeídos sin conocimiento de lo que ocurría", tras lo que tuvieron que vivir "en precario" o "nunca podrán volver a sus casas". Así, considera a la acusada como "autora intelectual".

Según señaló el representante de la acusación pública en su informe final, entre 2002 y 2005, la acusada aprovechó su posición de directora del centro para "captar" a los ancianos, llevarlos a su residencia y hacerles firmar un contrato, creyendo éstos que se trataba de "un mero trámite", cuando "en realidad le estaban cediendo sus vivienda".

Posteriormente, el fiscal estima probado que, mediante "la sedación", les "engañaba", haciéndoles creer que firmaban para recibir una ayuda, aunque se trataba de un poder general, con el que "disponía de las viviendas". Así, determina que la prueba practicada en el juicio lleva a concluir que los ancianos "jamás pusieron de manifiesto que quisieran transferirle sus casas".

También se refirió a la actuación de los notarios, distinguiendo entre dos de ellos, en especial una que siguió "la buena práctica notarial" y se dio cuenta de que "estaban siendo engañados"; y otros, aunque no incidió ya que no se sigue actuación contra ellos. Respecto al hijo de la acusada, mantiene la petición de cinco años por un único delito de estafa.

Así, la Fiscalía sostenía en sus conclusiones iniciales que, tras obtener el poder, la acusada presuntamente "haciendo uso de los mismos, vendía sus viviendas a terceros, algunos de los cuales eran inversionistas dedicados a negocios inmobiliarios, o las hipotecaba o se las autovendía sin comunicárselo a los ancianos, quedándose con el dinero obtenido y los ancianos sin sus viviendas".

La acusada dijo en su declaración que "nunca" se aprovechó de ellos, sino que "sabían lo que hacían" cuando firmaban poderes generales a su favor. Insistió en que cuando realizaba operaciones inmobiliarias con sus viviendas era porque "ellos me lo propusieron" y en que algunos "abuelos" estaban "abandonados" y no querían que sus familiares se quedaran con el dinero.

La mujer señaló que "siempre" entregó las cantidades procedentes de las operaciones a los ancianos, lo que ellos o sus familiares —en caso de haber fallecido— han negado durante el juicio, al tiempo que acusaron a la mujer de engañarles para firmar papeles en blanco haciéndoles creer que era para solicitar una subvención, actos que tenían lugar algunas veces dentro de un coche.

En su derecho a la última palabra, la acusada dijo que una de las perjudicadas, que está personada como acusación particular en la causa, se ha enriquecido con este asunto con comparecencias en los programas de televisión, según informaron fuentes de las acusaciones. Tras esto, el Tribunal de la Sección Novena de la Audiencia de Málaga dejó el juicio visto para sentencia.