El secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, consideró hoy que, mientras no se produzca un crecimiento económico del 2 al 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB), "por mucha reforma laboral que se saque adelante" el mercado de trabajo "no va a generar empleo neto, y menos" en las cifras que ha avanzado el Gobierno en la memoria de impacto presupuestario que acompaña al decreto de ley de reforma laboral, donde se prevé la creación de 2,37 millones de nuevos contratos indefinidos.

En un desayuno informativo con los medios, acompañado por el secretario provincial de UGT, Rubén Martín; el secretario de Acción Sindical, Pedro de la Cruz, y la secretaria de Empleo, María José del Valle, Pedrosa consideró que el número de empleos aportado por el Ejecutivo "no parecen muchos", convencido de que "este país no se puede permitir el lujo de tener a una de cada cinco" personas en situación de desempleo.

Pedro de la Cruz detalló algunos de los aspectos más determinantes del decreto de ley, que convertirá en un "contrato residual" el indefinido de 45 días, en un "arma muy poderosa de presión para los trabajadores" la movilidad geográfica, y que hace que sean los propios trabajadores los que vayan a pagar las indemnizaciones por despido; y de una reforma laboral que resulta "tan sumamente perniciosa que va a destruir y partir en dos la negociación colectiva".

Pedrosa señaló que estas "agresiones" son "más que suficientes y de las más importantes que ha habido a los derechos de los trabajadores", lo que al sindicato le hace temer que "si desde la Unión Europea marcan nuevos retos de ahorro probablemente en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2011 lo que se vaya a tocar sean las prestaciones por desempleo".

Apoyando este argumento, indicó que si "ya se han tocado dos de los tres clásicos —en referencia a la revisión salarial y los funcionarios— sólo quedan las prestaciones por desempleo", teniendo en cuenta que se está hablando de "la necesidad de recortar el gasto público en 2011". En este punto, auguró que una "de las primeras víctimas pueden ser los 420 euros" para las personas que se quedaban en paro.

Mala fe negociadora

El dirigente sindical arremetió contra una reforma en la que "ha habido ciertas dosis de mala fe" negociadora, al introducirse finalmente en el decreto aspectos que no se habían planteado en la mesa de negociación, de tal forma que lo que al principio era "un buen elemento de partida" al final "no ha dejado contentos a los empresarios, al resto de partidos políticos ni a las organizaciones sindicales mayoritarias".

En su opinión, el "primer efecto" de este decreto es que en junio "se puede llegar a producir una ralentización de la contratación" pues se está "esperando a ver qué sale del horno del Congreso y el Senado", dijo. Además, se mostró convencido de que "como no se puede devaluar la moneda se devalúan los salarios" con dos años "de parálisis" en la negociación colectiva.

Según el responsable regional de UGT, a cuestiones como "la privatización" —una de las premisas será la llegada de las ETT a las administraciones públicas, con lo cual "se ha abierto la veda", admitió—, se añaden otras como la "agresión" del Ejecutivo central a los empleados públicos, bajándoles el salario y congelando la cobertura de vacantes.

El gobierno ha desequilibrado

Pedrosa no quiso dejar pasar la oportunidad de culpar al Ejecutivo central del resultado de la negociación en su "etapa final", pues los empresarios "no se van a tomar la molestia de negociar si el Gobierno dice que legisla", aseveración que apoyó Pedro de la Cruz, al considerar que el fracaso "no es de los agentes sociales en exclusiva" sino de la gente que estaba en las mesas de negociación defendiendo "intereses particulares".

Sobre este asunto, el responsable provincial del sindicato, Rubén Martín, señaló que la reforma no solo no es equilibrada por criterios técnicos "sino porque el Gobierno ha tomado parte en un equilibrio natural entre sindicatos y patronal" y ha "desequilibrado" en beneficio de los empresarios, que van a tener la capacidad "de hacer muchas más cosas sin contar con los trabajadores".

Como conclusión, Pedrosa señaló que todo ello "justifica la convocatoria de una huelga general el 29 de septiembre", y apuntó como razones para fijar la fecha de esta convocatoria, la "precipitación" que hubiera supuesto hacerlo en junio y la necesidad de contar con tiempo para explicar la reforma a través de distintas asambleas y llegar "al mayor número" de trabajadores posible, así como la manifestación previa del día 30 de junio.

En cualquier caso, Pedrosa expresó su deseo de que todos los partidos políticos y los líderes de los partidos políticos verbalicen de forma clara y sin generalidades cuál es su propuesta sobre la reforma laboral, la salida de la crisis y la reducción del gasto público" porque "se está haciendo mucha demagogia en un momento en que se necesita claridad".

Efectos en c-LM

Respecto a los efectos de la reforma laboral en Castilla-La Mancha, señaló que las "nefastas" consecuencias que supone el abaratamiento del despido y la precarización de las condiciones del empleo "afectan más allí donde la temporalidad es más importante" y donde el tamaño de las empresas es menor, y recordó que en una región en la que el 94% de las empresas tienen menos de cinco o seis trabajadores, "casi con toda probabilidad" la reforma hará "que sea más precario el mercado de trabajo".

En el caso concreto de Toledo, Rubén Martín detalló que por la situación económica de la provincia "se presenta un panorama desolador", teniendo en cuenta que hay sectores con "un débil sostenimiento". A su juicio, la reforma laboral es "tan sibilina" que da un gran poder de decisión unilateral a los empresarios en el interior de las empresas "sin que tenga penalización".

El responsable de UGT en la provincia también vinculó esta situación a la "negociación colectiva muy empobrecida" que se está padeciendo en Castilla-La Mancha, donde "cada vez es más difícil llegar a acuerdos", y donde los que se están materializando se cierran "a la baja". Algo similar a lo que ocurre a nivel regional, donde, según Carlos Pedrosa, el año pasado fue "nefasto" para la negociación colectiva y este año "tiene peor aspecto todavía".