La portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, acusó hoy al presidente regional, José María Barreda, de "lastrar" la solución y el futuro de los 3.000 trabajadores de Caja Castilla La Mancha (CCM) y de estar dispuesto a "hipotecar" la región porque "como sabe que va a perder las elecciones" quiere condicionar el futuro Gobierno de María Dolores de Cospedal.

En rueda de prensa, Riolobos aseguró que el Gobierno autonómico "está callado" en relación a unas informaciones "gravísimas" que se publicaron ayer en el diario 'El Mundo' sobre una denuncia de CajaSur ante el Banco de España, en la cual se pone de manifiesto que CCM habría condonado una deuda de 87 millones de euros a la sociedad del aeropuerto de Ciudad Real, es decir, "a los amigos de Barreda".

A su juicio, "es lamentable" que la Junta todavía no haya dicho nada cuando faltan "muy pocos días de que la Asamblea de CCM se pronuncie de una forma clara y precisa sobre su futuro". Asimismo, criticó que el Gobierno aún no se haya pronunciado a través del Banco de España y a través de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, responsable de los usuarios de la banca.

Según indicó, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a través del gobernador del Banco de España, debería haberse pronunciado ayer sobre esta denuncia. Además, Riolobos reprochó que la ministra de Sanidad aún no haya comparecido en el Senado para informar sobre "si todos los usuarios de bancos y cajas de ahorro eran tratados de igual manera".

Los 'populares' esperan que se conozca cuanto antes cuántos son los préstamos vencidos del aeropuerto de Ciudad Real y que fueron dados por CCM y cuántos y en cuánta cantidad son los préstamos exigidos por CCM al aeródromo. Riolobos cree que si la noticia publicada ayer es cierta supondrá que existe un "trato de favor" por parte de la entidad castellano-manchega hacia una serie de empresarios.

También, el PP quiere saber si esa modificación de la comunicación que hizo en su momento al juzgado CCM, se debe a que el presidente de Castilla-La Mancha había prometido tanto al aeropuerto como a la caja de ahorros que "íbamos a ser todos los castellano-manchegos los que íbamos a pagar con ese aval de 140 millones de euros las deudas que tienen los empresarios amigos de Barreda del aeropuerto".

La senadora 'popular' estimó que cada familia de Castilla-La Mancha pagará una media de 300 euros "para poder apoyar a los amigos del aeropuerto de Ciudad Real". En otro orden de cosas, Riolobos acusó al Gobierno regional de negarse a que este jueves haya un debate específico en las Cortes sobre el futuro de CCM y la repercusión del futuro en la calidad y en la cantidad de los empleos.

Comparecencia directora de comunicación

La portavoz de los 'populares' castellano-manchegos, con motivo de admisión a trámite de la comparecencia de la directora general de Comunicación, Mercedes Pastor, volvió a exigir que la responsable de Comunicación de la Junta se pronuncie, explique y rectifique las "gravísimas denuncias" publicadas en una revista toledana y que fueron denunciadas por los 'populares' en el pasado pleno día 10.

Para Riolobos, las denuncias de la retirada de publicidad de la Junta por opiniones publicadas en una revista "no es nada" con las denuncias que ella misma ha recibido por parte de muchos compañeros. Riolobos achaca la actitud del Gobierno a que está "muy nervioso" porque sabe que va a perder las elecciones y por ello "castigan" a un medio de comunicación por querer reivindicar cierta independencia.

Para el PP es "indecente" que una directora general del Gobierno de Castilla-La Mancha se "esté jugando" con el dinero de todos los castellano-manchegos para "intentar amordazar a los medios de comunicación", al tiempo que consideró que Pastor tiene que comparecer ante los diputados y explicar por qué está utilizando "prácticas mafiosas" contra los medios de comunicación de la región.

Por último, Riolobos opina que el dinero que la Junta se gasta en publicidad es un dinero de todos los castellano-manchegos y que se tiene que repartir entre todos los medios con criterios "objetivos" y con "total transparencia". Por ello, apuesta por aplicar la Ley General de Comunicaciones Audiovisuales estatal y no usar el dinero de todos "como si fuera un fondo de reptiles", agregó.