En rueda de prensa celebrada este lunes en Badajoz, Arce exigió además al Gobierno un marco regulatorio "estable" para estas energías que proporciones al sector "seguridad jurídica" y que no se apliquen con retroactividad las modificaciones de las primas contempladas en el Real Decreto de mayo de 2007 vigente actualmente.

Carlos Arce dejó patente también la "preocupación" de los miembros del clúster energético extremeño por las informaciones "recibidas de las reuniones mantenidas" entre representantes del sector y del Ministerio de Industria sobre la posible modificación del marco regulatorio de las renovables en España, en el que se estudia, dijo, una "reducción" de las tarifas y primas que reciben las instalaciones de energía renovable, y "en particular" las acogidas al citado real decreto.

Desde el Clúster de la energía de Extremadura se cree que "si se confirma" esta modificación, "representará una pérdida de credibilidad total" del país "incrementando sensiblemente la valoración del Riesgo-País para las entidades financieras", un hecho explicó su presidente, que "tendría unas connotaciones imprevisibles" para las economías nacional y de la región.

En este sentido, añadió que la medida, además de afectar al sector energético extremeño y español, pone en "riesgo el cumplimiento" de los "compromisos adquiridos" en materia energética y ambiental de nuestro país con la Unión Europea para 2020.

Asimismo, subrayó que si el cambio regulatorio afectará a las instalaciones ya existentes, se "crearía una enorme inseguridad jurídica y se pondría en peligro al sector" de las energías renovables, pudiendo "llevar esta decisión al concurso de acreedores a muchos de los promotores", que podría ENGAÑADOS

Carlos Arce destacó que el colectivo se sentirá "engañado" si la modificación se "consolida", y que ante la situación generada el viernes se remitió una carta al ministro de Industria, Miguel Sebastián, y otra al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a este último "reclamando su apoyo" y una reunión para "transmitirle" la importancia de las decisiones que se van a tomar y como afectan a Extremadura.

Dijo así, que "muchas de las empresas" afectadas "probablemente emprendan acciones judiciales contra la administración pidiéndole daños y perjuicios", ya que la modificación, según las informaciones que se conocen , prevé bajadas en los cupos, las horas de producción y de primas, y hasta de un 30% en las plantas fotovoltaicas con carácter retroactivo.

Arce quiso destacar que el clúster entiende que apliquen nuevas tarifas a la baja a las plantas de nueva instalación, ya que los constes han disminuido, pero que en "ningún caso" la asociación esta "dispuesta a aceptar que sea sobre los proyectos ya realizados o para aquellos que estén en ejecución, con una financiación y unos costes de inversión cerrados en momentos de plena euforia" del sector.

En este sentido, dijo que un cambio de regulación con efectos retroactivos supondría al "ruptura de la confianza y un trato injusto" para los inversores nacionales y extranjeros, "violando la Carta Europea y de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscritos por España".

Una argumentación a la que añadió que la "incertidumbre creada por el Gobierno ya ha provocado anuncios de cancelación o desvío de inversiones millonarias por parte de grandes operadores tanto nacionales como extranjeros".

Cerró su intervención destacando que el clúster extremeño "apoyará" al ministerio en la tramitación de un Real Decreto "contra el fraude", pero "rechazará con todos los medios a su alcance" la modificación con carácter retroactivo de las tarifas del Real Decreto de 2007 para los proyectos ya ejecutados en vías de serlo.

Por todo ello el clúster "exige" al ministerio "estabilidad regulatoria y jurídica, condenando rotundamente las propuestas" ministeriales de aplicar medidas retroactivas, reafirmando el apoyo "a todas las empresas del sector energético que han mostrado estar interesadas en invertir en Extremadura".

Hasta la fecha los proyectos que se han llevado a cabo durante estos últimos años has supuestos importantes inversiones, una significativa creación de empleo y una fuente de ingresos para las administraciones locales y regionales, dijo Arce. Unas inversiones realizadas con un "fuerte apalancamiento crediticio y amparadas" en un real decreto que "daba credibilidad y seriedad, para poder llevar a cabo con garantías" dichos proyectos empresariales.

Actualmente en Extremadura hay instaladas plantas fotovoltaicas por valor de 400 megavatios; 2 termosolares de 50 megavatios cada una ya conectadas, otras 3 de las mismas características que lo estarán en las próximas semanas y 5 más en construcción, además de otros 16 proyectos termosolares en fase de preasignación.

Junto a estas instalaciones de energías renovables la región cuenta con plantas eólicas pendientes de preasignación y una planta de biomasa, en Miajadas -Cáceres— de u¡10 megavatios de potencia, con inversiones, en el caso de las fotovoltaicas, que llegan a los 2.000 millones de euros.

Junto a Carlos Arce, estuvieron presenten en la rueda de prensa el vicepresidente del cluster, José Rivero; su gerente, Gonzalo Barrantes y el empresario José Luis Joló.

Apoyo creex

Carlos Arce facilitó a los medios de comunicación una carta de apoyo de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), firmada por su presidente, Antonio Masa Campos, en la que transmite el "máximo apoyo" a los afectados por la modificación.

El texto dice que "este grave hecho, que afectaría si no se reconsidera y modifica, supondrá un peligroso y complicado revés" al desarrollo empresarial y un "enorme perjuicio y menoscabo a las empresas y proyectos empresariales acometidos con un marco normativo diferente, que no puede ser modificado alterando brutalmente y conduciendo al abismo a los emprendedores de estas actividades".

Asimismo, la carta expresa el respaldo a la postura del clúster de rechazo a "los recortes, que atentan", dice la Creex, "contra la carta europea de la energía y los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones" suscritos por España.