El Senado de EEUU rechaza renovar la ley antiterrorista aprobada tras el 11-S

Un bueno número de disposiciones de esta legislación antiterrorista, que vio la luz en el año 2001, caducan a final de año. Algunas tienen que ver con las escuchas telefónicas y la vigilancia de archivos privados de los estadounidenses, apartados que los senadores rechazaron en una votación que supone un claro revés para la Casa Blanca.

Los partidarios de la medida no lograron reunir los 60 votos necesarios para vencer las tácticas dilatorias de la oposición demócrata. La medida incluye 16 disposiciones que vencen el próximo 31 de diciembre.

El presidente George W. Bush y funcionarios de alto rango de su Gobierno, entre ellos el secretario de Justicia, Alberto Gonzales, insistieron en que el Congreso debe prorrogar la ley por ser una herramienta clave en la lucha contra el terrorismo.

La Patriot Act, en peligro

La votación del jueves en el Senado pone en peligro el futuro inmediato de la llamada Patriot Act (Ley Patriota), promulgada por el presidente Bush poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Fuentes legislativas señalaron que una posibilidad es que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, intente llevar a votación la medida a comienzos del próximo año.

Frist no quiso ceder a las presiones de la oposición demócrata que, como término medio, propuso una prórroga de tres meses de la

Ley Patriota mientras se dirimen las diferencias filosóficas en torno a sus principios, algunos muy polémicos, ya que amplió los poderes policiales para espiar a presuntos terroristas y escudriñar los archivos privados de los ciudadanos de a pie.

La versión final del proyecto de ley presentado ante el Senado daba vigencia permanente a 14 de las disposiciones, mientras que las dos restantes iban a ser ampliadas hasta el año 2009.

Dos puntos controvertidos

Estas dos últimas, las más polémicas, tienen que ver con las escuchas telefónicas y la vigilancia de toda clase de archivos privados de los estadounidenses.

Descontentos con la ley, porque, a su juicio, no contiene suficientes salvaguardas para los derechos civiles, más de una decena de senadores de ambos partidos mantenía hoy su amenaza de torpedear la votación final, a través de lo que se conoce como filibusterismo. Esa táctica consiste en prolongar de forma indefinida un debate y así impedir la votación definitiva de un proyecto impopular.

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