Ábalos se pronunció en estos términos tras reunirse con los portavoces socialistas en los Consorcios de los Planes zonales para la gestión de residuos sólidos, los diputados provinciales responsables de medio ambiente y con los secretarios provinciales de de medio ambiente del PSPV, con los que trabajó en el análisis y la elaboración de alegaciones a la revisión del Plan Integral de Residuos 2010 (PIR) de la Generalitat Valenciana.

Entre los asistentes al encuentro se encontraban el portavoz de Infraestructuras del grupo socialista en las Corts Valencianes, Francesc Signes, y el de Medio Ambiente, Adolf Sanmartín, entre otros.

Ábalos criticó que, a pesar de que el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana de 1997 establecía un periodo de cinco años para que estuviesen construidas la totalidad de las infraestructuras contempladas en los 18 planes zonales, "ocho años después del límite previsto para acometer estas infraestructuras sólo se han ejecutado las de Campello, Xixona y Villena". Además, señaló que las dos últimas "no tienen relación con los planes zonales del PIR de 1997".

Por otra parte, reprobó que el Consell "no cumple con las directivas de la Unión Europea (Directiva 2008/98 de 11/10/08 y 1999/31/CE)", en la que se establece una jerarquía para los residuos que "el presidente de la Generalitat Francisco Camps y su gobierno olvidan conscientemente".

Ábalos censuró, en este sentido, que "no existe un reciclado eficiente, porque en muchos municipios no se hace selección de residuos", de modo que "algo más de la mitad de los residuos generados son depositados en plantas de tratamiento obsoletas".

Criticó asimsimo que "la forma de gestión de los planes zonales es una contradicción, porque se paga al gestor por tonelada tratada y eliminada y no se hace esfuerzo alguno por favorecer la recuperación máxima de materiales mediante la incentivación de mercados secundarios".

Por último, el responsable socialista aseguró que "la ausencia de gestión del Consell en esta materia ha ocasionado importantes problemas a los valencianos como los daños medioambientales o económicos pues los ciudadanos y ciudadanas soportan a través de las tasas de los ayuntamientos subidas de hasta el 40 por ciento".