Fuentes del tribunal señalaron a Europa Press que las dos cuestiones se tratarán en el mismo Pleno, que podría celebrarse entre el lunes y el martes próximo.

La Generalitat de Cataluña anunció esta misma tarde la interposición del recurso relativo a Pérez-Trems, después de que el pasado viernes el Constitucional rechazara su petición para volver a incluir a este magistrado, que fue apartado de la discusión de la sentencia sobre el Estatut instancias del PP por haber realizado labores de asesoramiento para la redacción de los preceptos de la norma catalana relativos a las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea.

La Generalitat pide el reintegro de Pérez-Tremps con el fin de reforzar los apoyos progresistas al Estatut dentro del tribunal. En su escrito, argumentaba que, una vez que se ha planteado la votación de la sentencia artículo por artículo, no habría impedimentos para que este magistrado pudiera estar presente en la votación relativa a los preceptos que no se refieran a las relaciones exteriores del Govern.

En la providencia de rechazo, que es la que ahora se recurre en súplica, los diez magistrados que deliberan sobre el Estatut señalaron el pasado viernes que no puede entenderse como "hecho nuevo" para justificar un eventual retorno de Pérez-Tremps a los debates "la eventual aplicación de una previsión normativa sobre votación".

Añadían que la recusación de este magistrado, que se acordó en febrero de 2007, es "firme e irrecurrible", y que además la pretensión de la Generalitat no es plausible porque si Pérez-Tremps participa en la votación sobre algunos artículos recurridos del Estatut y sobre otros no se rompería "la unidad del proceso".COMPETENCIA.

En la misma sesión, el TC tiene previsto resolver el recurso de súplica presentado tanto por la Generalitat como por el Parlamento Catalán contra la decisión de éste órgano de no declarase incompetente.

La deliberación se producirá una vez concluido el plazo dado a la Abogacía del Estado, al Congreso, al Senado y a los siete recurrentes del Estatut de Catalunya (el PP, el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas de Aragón, Murcia, La Rioja, Baleares y Valencia) para que se pronunciaran sobre las pretensiones del Ejecutivo y el Legislativo catalanes, que buscan que el Tribunal Constitucional se declare incompetente para resolver el asunto del Estatut.

En la respuesta que ha dado al Tribunal, el PP reclama que se de tramitación "preferente y urgente" a su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut de Catalunya, y acusa a la Generalitat y al Parlamento catalanes de actuar con "mala fe procesal" mediante la presentación de recursos que "sólo tienen por objeto demorar o impedir la adopción de la correspondiente sentencia".

El PP recordaba también en su escrito que los magistrados cuya renovación debía haberse producido en noviembre de 2007 -que son Vicente Conde, Jorge Rodríguez-Zapata, Guillermo Jiménez y la presidenta del tribunal, María Emilia Casas-, "se mantienen en el ejercicio de sus funciones desde hace 3 años", "por lo que no existe ninguna razón nueva suficiente para motivar la solicitud de abstención de los mismos ni del propio Tribunal Constitucional en este preciso momento y no en otro anterior".

"Admitir lo contrario generaría una gran inseguridad jurídica puesto que se produciría la duda sobre la posible nulidad de todas aquellas resoluciones dictadas desde noviembre de 2007 en las que hubieren participado los magistrados con mandatos extintos y no renovados", añade el escrito presentado la pasada semana.

La Abogacía del Estado subrayó por su parte que la actual situación de caducidad de mandato de varios magistrados "no puede reprocharse ni a los magistrados que continúan en funciones por imperio del artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) ni al tribunal, sino al órgano que ha incumplido ese 'deber constitucional' de designación en tiempo", que es el Senado.

Las ocho providencias dictadas por el Constitucional el pasado día 27 oponiéndose a las pretensiones de la Generalitat y el Parlament se limitaban a señalar, sin dar motivación alguna al respecto, que no había lugar a lo solicitado en cumplimento del artículo 17.2 de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional, que señala que sus magistrados "continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles".