Aprobado el decreto que regula las bajadas de sueldo de altos cargos y funcionarios y los cambios legislativos

Isabel Alonso reitera el carácter "impositivo" de la norma y el PSOE reconoce que le "duele" la bajada a los trabajadores públicos

El pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó hoy el decreto ley por el que se establecen las medidas urgentes de adaptación a la norma aprobada en el Congreso para la reducción del déficit público y que no será tramitada como proyecto de ley por decisión de los grupos parlamentarios.

De este modo y según las explicaciones aportadas por la consejera de Administración Autonómica, Ana Isabel Alonso, el decreto ley convalidado con los 73 votos a favor de toda la Cámara recoge, tal y como ya se anunció el pasado 3 de junio, el recorte en las retribuciones de altos cargos, empleados públicos así como los cambios normativos a los que obliga la adaptación.

Así, el presidente de la Junta reducirá su remuneración el 15 por ciento, al igual que sus homólogos en las demás instituciones autonómicas (Cortes de Castilla y León, Consejo Económico y Social, Procurador del Común, Consejo Consultivo y Consejo de Cuentas) mientras que los consejeros experimentarán un recorte en sus sueldos de diez por ciento, igual al de los vicepresidentes y secretarios de la Mesa de las Cortes, los portavoces y cargos directivos de los grupos parlamentarios y los integrantes de los consejos de Cuentas y Consultivo.

Al resto de los altos cargos se les aplicarán las bajadas previstas para el conjunto de los funcionarios, de acuerdo con el rango que ostenten mientras que los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes y otros cargos directivos de las empresas públicas también sufrirán mermas en sus nóminas del diez por ciento cuando perciban lo mismo o más que un consejero de la Junta y del cinco por ciento si no alcanzan esa cantidad.

En el caso de los trabajadores públicos, al que se ha dado el trato "más favorable posible", el personal funcionario y estatutario sufrirá una rebaja de los sueldos, trienios, complemento de destino y pagas extraordinarias idéntica a la del Real Decreto del Gobierno y el resto de los complementos, regulados por la Junta, experimentan una reducción del cuatro por ciento.

Al personal laboral, en segundo lugar, se le aplica una bajada lineal del cinco por ciento en cada uno de los conceptos que integran sus nóminas si bien la distribución por categorías deberá fijarse a través de la negociación colectiva -esta misma disminución se aplica a las plantillas de las empresas públicas—.

A estas se suman medidas específicas en los ámbitos sanitario y docente; en referencia al primero afectarán al complemento de atención continuada "prolongando aplazamiento de pagos pendientes" mientras que en el caso de la educación se dirigirán al personal de centros concertados y se traducirá en el mantenimiento de la situación retributiva establecida a través de los acuerdos alcanzados en 2002 y 2006 sobre la analogía retributiva del profesorado concertado y público.

En el caso de las universidades, añadió la consejera, deberán acomodar sus retribuciones a las previsiones establecidas en el decreto ley.

Cambios en la ley de presupuestos

Asimismo y en el apartado de los cambios normativos, puso de manifiesto que la adaptación a la nueva norma estatal obliga a cambiar "de manera inmediata" la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2010 dando nueva redacción a los artículos del 14 al 19 y el 22 y la adaptación del decreto para desarrollar dicha ley en materia de retribuciones y que mantiene su vigencia en los aspectos que no se opongan al decreto ley.

Alonso, quien comenzó su intervención con un reconocimiento a los trabajadores públicos y reiterando que las medidas adoptadas responden a una "imposición" de un Gobierno debido al "camino de improvisaciones" que lleva "desde hace más de dos años", ensalzó la "responsabilidad" de la Junta en la agilización de la toma de decisiones así como en la puesta en marcha de algunas medidas con anterioridad a la aprobación del Real Decreto del Gobierno y culpó al Ejecutivo de "no haber querido ver la realidad".

Por su parte la procuradora socialista Yolanda Vázquez, quien acusó al PP de "negar" los "esfuerzos ímprobos" que realiza el Gobierno, ensalzó el "gran esfuerzo" que realiza la sociedad española y, "en particular", los empleados públicos, razón por la que confesó que las medidas aprobadas y dirigidas a su recorte salarial le "duelen".

Asimismo y durante su alocución Vázquez, quien alabó la "rapidez" de la Junta a la hora de materializar estas medidas, acusó al PP de "desprestigiar cualquier medida" puesta en marcha por el Gobierno central ya que, añadió, esa actitud "hace mucho daño en Europa" y reconoció que la actual situación tiene un "coste político importante" tanto para el Gobierno como para el partido y el Grupo Parlamentario.

"Pero nos sentimos orgullosos de tener presidente que defiende en primer término los intereses de España", recalcó Vázquez, quien también resaltó que las medidas a adoptar serán de gran relevancia para el desarrollo de la economía en próximos años y recordó que en la misma línea trabaja ya la mayor parte de los países europeos.

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