El secretario de Acción Municipal del BNG, Manuel Antelo, cifró hoy en 300 millones la cuantía que se podría redistribuir entre los 315 ayuntamientos gallegos si se suprimen las diputaciones provinciales, y a los que se podría sumar otras cantidades derivadas del desmantelamiento de esta estructura.

En rueda de prensa hoy en Santiago, el dirigente nacionalista explicó que, de producirse esta circunstancia, las arcas municipales gallegas podrían recibir un millón de euros de media, si se repartiesen de forma lineal. Así, en un momento de crisis económica y en la que los ayuntamientos verán cortado su acceso al crédito por la limitación que decretó el Gobierno central, Antelo defendió que esta redistribución de recursos supondría un "alivio muy importante".

Los nacionalistas han defendido en distintos contextos las supresión de las diputaciones provinciales, que consideran unas instituciones "del siglo XIX y obsoletas", que están "superadas" por la realidad actual. A ello, el BNG suma la coyuntura económica como otro argumento para la eliminación de estas instituciones, en aras de la "racionalización administrativa".

Para defender esta postura, Antelo puso hoy como ejemplo del funcionamiento de las diputaciones el hecho de que el 60 por ciento de los recursos se destine a sufragar gastos corrientes, mientras que las inversiones reales —transferencias de capital— suponen "sólo el 9 por ciento" de los 535 millones con los que cuentan las cuatro entidades provinciales gallegas. De esta manera, cifró, "menos de 50 millones de euros" se destinan a "crear empleo y dinamizar la economía".

A mayores, el secretario de Acción Municipal del BNG expuso el caso concreto de la Diputación de Ourense, en la que "sólo el 1 por ciento" del presupuesto tiene como fin transferencias de capital y el 66 por ciento se utiliza para gastos corrientes, tal y como refleja el informe del Consello de Contas referido a 2007, que recientemente comenzó su trámite parlamentario.

Actuar con radicalidad

En este contexto, Manuel Antelo reclamó el compromiso del PSOE y el PP, así como del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para eliminar estas estructuras y "transferir los recursos" a los ayuntamientos. A este respecto, apeló a la Ley de veguerías promovida en Cataluña para defender que el marco constitucional permite suprimir esta estructura y caminar a una comarcalización y mancomunidad de ayuntamientos.

Por ello, reclamó a los dirigentes estatal y autonómico "actuar con la misma radicalidad que aplicar recortes a los derechos sociales" de los ciudadanos para suprimir las diputaciones, que —acusó— el PP "utiliza para sus intereses particulares". Sobre este extremo, se refirió al "contrapoder" que suponen las diputaciones frente a la Xunta y cómo los populares, indicó, emplean los entes provinciales como si se tratase de "gestorías" del partido.

Asimismo, demandó una postura favorable de los socialistas, que en los últimos días expresaron opiniones "diferentes" por parte de distintos representantes, como el ministro de Fomento y número dos del PSOE, José Blanco, que se mostró favorable a abrir el debate de las diputaciones provinciales; frente a otros dirigentes del PSdeG.

Al respecto, reclamó "pasar de las opiniones a los hechos" a los socialistas gallegos, que se abstuvieron en el Parlamento gallego en la votación de una proposición de ley del BNG que pedía modificar la Ley de Bases de Régimen Local. Precisamente, el próximo pleno de la Cámara gallega, también acogerá un debate en este sentido a raíz de una iniciativa de impulso sobre la coordinación de los entes públicos.

"Pedimos que se aparten los intereses partidarios y esperamos que se pase del debate a las conclusiones", aseveró Manuel Antelo, quien aseguró que permitiría enviar un mensaje a la sociedad de "confianza en la política".