La procuradora socialista María Sirina Martín señaló, durante su pregunta, que el Plan de Inmigración es una "mentira" como las "políticas de cartón piedra" de la Junta —"con sus planes hacen que hacen cuando en realidad no hacen nada"— y criticó el hecho de que el 90 por ciento del presupuesto dedicado al II Plan no sea "más" que el gasto sanitario ordinario "excluida cualquier medida específica de integración".

A su juicio, a los inmigrantes se les imputa "a ojo de buen cubero" el gasto de las tarjetas sanitarias y si constituyen el 7,8 por ciento de la población, la Junta "saca" ese mismo porcentaje del presupuesto del gasto sanitario y lo incluye en el Plan. "Parece que esta sorprendente aplicación fuera el inicio de una novedosa estrategia discriminatorio y desintegradora de las políticas sociales de la Junta", aseveró la procuradora.

En este sentido, barajó la posibilidad de que "en breve" se incluyan en los planes de discapacitados, mayores e infancia las partidas destinadas a salud o se "sectorialice" también el gasto educativo en caso, añadió, de que estas medidas no se reserven "sólo" a la población inmigrante.

A su juicio, la "mínima sensibilidad" así como el criterio estatutario, constitucional "e incluso humano" exige que las políticas de apoyo a la integración sean proporcionales a la satisfacción de los derechos sociales básicos. "Han hecho mucha demagogia en este tema en un sentido y en el contrario", acusó antes de criticar que la Junta eche la culpa al Gobierno de España y acuda siempre "a la canturrela de Madrid".

Por su parte, Mañueco recordó que la partida con que se dota al Plan se negoció y pactó con los agentes sociales y económicos dentro del Diálogo Social, aspecto "importante" del Plan, que beneficia "a toda la sociedad" y "mejora" la integración de los 180.000 inmigrantes residentes en la Comunidad, "casi el doble" que cuando se firmó el primero, hace casi cinco años.

En su opinión y "gracias" a las medidas puestas en marcha, este colectivo puede tener una integración mejor aunque, matizó, la Administración les da "derechos" pero también les exige "deberes y obligaciones", a lo que sumó que todas las comunidades han aumentado las cantidades destinadas a ciudadanos de otras nacionalidades frente al recorte del Gobierno central, que ha r reducido en un 75 por ciento los fondos para políticas de inmigración.

"Ha venido a hacer un papelón; si es que Zapatero le ha enmendado la plana ya que cesó al ministro de los 'papeles para todos' —Jesús Caldera—, a la secretaria de Estado de Inmigración -Consuelo Rumí—", manifestó el consejero, quien acusó al Ejecutivo central de hacer "sufrir" a los inmigrantes su "nefasta política económica".