El PSdeG propone que la publicidad institucional de la Xunta se haga "con austeridad" y fuera del período electoral

Pide que las campañas institucionales no sirvan para destacar "logros de gestión" y que la publicidad en medios sea en función del OJD y el EGM

El PSdeG presentó hoy una proposición de ley para regular la publicidad institucional de la Xunta al objeto de que ésta se ejecute mediante una gestión de los recursos públicos basada en la "austeridad" en el gasto, en lengua gallega y fuera del período electoral, esto es, entre la convocatoria de los comicios y el día de la votación. De este período también se excluyen las presentaciones e inauguraciones de obras, proyectos y servicios públicos, entre otros.

Así se recoge en el texto de la proposición de ley, que hoy presentó el diputado José Manuel Lage en el Registro del Parlamento y al que tuvo acceso Europa Press, que explicita que la publicidad normativa y otros anuncios de actos de la Administración que deban publicitarse legalmente están excluidos de esta norma.

En cuanto a las pautas que marca, la propuesta legislativa establece que siempre se deberá llevar a cabo con "respeto" a los principios de "veracidad, transparencia, neutralidad, interés público, legalidad, eficiencia, austeridad en el gasto, lealtad institucional, igualdad y no discriminación".

Bajo estas premisas, la publicidad institucional deberá "identificarse como tal" y nunca podrá "obstaculizar o perturbar las actuaciones legítimas" ejecutadas por otros poderes públicos. Además, tendrá que diferenciarse "perceptiblemente" de la propaganda de los partidos políticos y su único objetivo será "la consecución de objetivos de interés público".

Además, el idioma utilizado para estas campañas siempre será en gallego, salvo cuando el uso del castellano u otra lengua oficial del Estado lo justifique por su ámbito de difusión. También se podrá emplear un idioma extranjero siempre que vaya a ser difundida "con carácter exclusivo o mayoritario" fuera de España y si está destinada a ciudadanos extranjeros.CONTRATACIÓN

Por otra parte, respecto a los criterios de contratación, la proposición de ley estipula que se deben tener en cuenta los datos de difusión y audiencia de los medios de comunicación, para evaluar el coste por impacto útil.

Así, las inserciones publicitarias y las ayudas a los medios se establecerán "anualmente de forma transparente" tras analizar el Estudio General de Medios (EGM) y de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), y de hacer un seguimiento sobre la "estabilidad" laboral, la creación de empleo y la "difusión y promoción" que estos medios hagan de la lengua gallega.

Siguiendo estos criterios "objetivos", la Xunta deberá regular "en un plazo máximo de seis meses" desde la entrada en vigor de la ley las ayudas que actualmente concede a los medios de comunicación.

A mayores, el Gobierno gallego tendrá que publicar en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en su página web la adjudicación de los contratos de publicidad "con una periodicidad cuatrimestral", especificando el objeto del contrato, su cuantía y el adjudicatario.

Creación de una comisión

Por último, a fin de garantizar que la publicidad institucional sirva "con objetividad" a los intereses generales y se adecue a los principios establecidos en esta propuesta legislativa, propone crear una Comisión de Publicidad Institucional adscrita al departamento de la Xunta competente en materia de comunicación social.

Compuesta por tres representantes del Gobierno gallego, una persona propuesta por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), dos más procedentes del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) y tres miembros del Sistema Universitario Galego (SUG) vinculados con el ámbito de la comunicación, entre sus funciones estará la de emitir informes no vinculantes sobre los proyectos de anuncios o campañas que le remita la Administración.

Paralelamente, deberá resolver las reclamaciones presentadas contra anuncios o campañas publicitarias y de elaborar un informe anual sobre la publicidad institucional en Galicia, que deberá ser remitido al Parlamento de Galicia antes del 15 de abril de cada año.

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