La ex dueña y entonces directora de la residencia de ancianos 'Nuestra Señora de Gracia' de Alhaurín de la Torre (Málaga), acusada de estafar a varios ancianos a los que presuntamente engañó para disponer de sus bienes, aseguró hoy que "nunca" se aprovechó de ellos, sino que, según indicó, "sabían lo que hacían" cuando firmaban poderes generales a su favor.

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga comenzó hoy el juicio contra la mujer, a la que el fiscal acusa de "engañar" a 11 personas, por lo que solicita siete años y medio de cárcel por un delito continuado de estafa, y también contra su hijo, al que se le acusa de un delito de estafa, por el que se pide cinco años de cárcel, según el escrito provisional, al que tuvo acceso Europa Press.

La acusada insistió en su declaración en que cuando realizaba operaciones inmobiliarias con las viviendas de los ancianos era porque "ellos me lo propusieron" y en que "sabían muy bien lo que hacían" porque no le constaba que ninguno tuviera demencia o pérdida de sus facultades. Además, aseguró que es habitual ir con extractos ya firmados a las entidades bancarias.

Asimismo, afirmó que en algunos casos los "abuelos" estaban "abandonados" y no querían que sus familiares se quedaran con el dinero. "Cuando están abandonados, ningún familiar va a verlos, pero en cuanto hay dinero por medio todos acuden", expresó la procesada, quien añadió que "he sido tan tonta que tenía mucha gente recogida y luego me daba cosa echarlos".

La mujer señaló que "siempre" entregó las cantidades procedentes de las operaciones a los ancianos y se preguntó "dónde está el dinero porque yo no tengo ni casa". No obstante, no pudo aportar recibos de las entregas, lo que explicó en que el registro realizado por la Guardia Civil en la residencia cuando se investigó el caso "fue todo un desastre" y "desaparecieron montones de cosas".

Aseguró que todos los notarios que dieron fe de dichas operaciones "informaron" a los mayores varias veces de lo que iban a firmar y apuntó que "si hubiese estado algo mal, en ningún momento habrían dejado que se firmara". Asimismo, exculpó a su hijo, asegurando que él no participaba en nada relacionado con la gestión del centro y que firmó documentos sin saber lo que eran.

En este mismo sentido se expresó su hijo, quien presuntamente sólo participó en operaciones relacionadas con uno de los ancianos. Éste aseguró que firmó un contrato de compraventa porque "tenía confianza ciega" en su madre, pero reconoció que no leyó el documento previamente.

La Fiscalía sostiene que entre 2003 y 2005 la mujer logró que "numerosos ancianos firmaran a su favor" un poder general notarial para disponer de sus bienes "sin que los ancianos supieran en unos casos que habían firmado un poder o en otros, desconociendo su contenido". Mantiene que actuó "con engaños y haciéndoles creer" que iba a gestionarles una solicitud para cobrar una pensión o una ayuda.

Así, una vez otorgados esos poderes la mujer presuntamente "haciendo uso de los mismos, vendía sus viviendas a terceros, algunos de los cuales eran inversionistas dedicados a negocios inmobiliarios, o las hipotecaba o se las autovendía sin comunicárselo a los ancianos, quedándose con el dinero obtenido y los ancianos sin sus viviendas, sin que fueran conscientes de ello".

En algunos casos, según la acusación pública y una de las acusaciones particulares, personada en nombre de una de las víctimas, la acusada suscribía un contrato de opción de compra por el que se podía recuperar la vivienda, aunque al llegar la fecha límite "no se ejerció", pero "ni siquiera se avisó de ello" a los afectados. El juicio continuará mañana con testigos.