El PSOE ha propuesto a Augusto Méndez de Lugo, presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como candidato andaluz a magistrado del Tribunal Constitucional (TC) que ha de proponer el Senado, cuya Mesa acordó el pasado 1 de junio declarar no idóneo a Juan Carlos Campo, candidato del PSOE por Andalucía y actual secretario de Estado de Justicia, por no sumar los 15 años de servicio activo que se exigen para el puesto, ya que no se computan los tiempos de servicios especiales.

El Grupo Socialista ha registrado su propuesta este mediodía con la con la intención de que pueda ser vista en el próximo pleno ordinario del Parlamento andaluz, que se celebrará los días 23 y 24 de junio y, así, pueda ser remitida al Senado antes de que se cumpla el plazo máximo para esta candidatura, fijado para el 29 de junio de 2010.

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, expresó en un comunicado su confianza en que la propuesta de Méndez de Lugo cuente con el apoyo del resto de grupos de la Cámara para trasladarla con el aval "unánime" desde Andalucía.

Tres mandatos al frente del tsja

Méndez de Lugo es el actual presidente del TSJA, cargo que viene ocupando desde 1995 y que abandonará el próximo 19 de julio tras tres mandatos consecutivos. Nacido en Madrid el 19 de enero de 1945, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También se diplomó en Lengua y Literatura Francesa por el Institut de la Touraine de la Universidad de Poitiers.

Comenzó su andadura en la carrera judicial en 1972 y fue nombrado Juez de Primera Instancia e Instrucción en Cabra (Córdoba). Ascendió a Magistrado en 1980 y, tras varios destinos en esta categoría profesional, en enero de 1986 fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargo para el que fue renovado su mandato en febrero de 1991.

Junto a ello, Méndez de Lugo ha sido distinguido con reconocimientos de todo tipo, entre los que destacan la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, Medalla de Oro de la Facultad de Derecho de Granada, Hijo Adoptivo de Granada (2009) o título de Hijo Predilecto de Andalucía (2010).

Decisión de la mesa del senado

La Mesa del Senado decidió el pasado 1 de junio, con la oposición del PP, declarar no idóneos como candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional (TC) a dos de los 23 aspirantes enviados por los parlamentos autonómicos para que el Senado eligiera de entre ellos a los cuatro jueces que le corresponde renovar. El otro candidato rechazado, aparte de Juan Carlos Campos, es Enrique López, candidato del PP presentado por Extremadura, Madrid, Castilla y León, Cantabria y La Rioja.

La decisión del órgano de dirección del Senado se apoyó en una causa de forma: ambos candidatos no sumaban los 15 años de servicio activo que se exigen para el puesto, ya que no se computan los tiempos de servicios especiales. Ni Campo ni López alcanzaban ese plazo mínimo de experiencia cuando fueron presentados por los parlamentos autonómicos al Senado hace dos años y medio, cuando la Cámara inició los trámites para renovar a los cuatro magistrados. El proceso se estancó porque los dos nombres defendidos por el PP, López y Francisco José Hernando, fueron rechazados de entrada por el PSOE.

Según el acuerdo de la Mesa, los otros 21 candidatos propuestos por los legislativos regionales, dos por asamblea, siguen adelante en el proceso de selección. En cuanto a los rechazados, el Senado da de plazo hasta el 29 de junio a los parlamentos que los sugirieron para que decidan si envían a otros nombres o no.

Una vez transcurrido este plazo y si hay nuevos candidatos, se deberá estudiar la idoneidad o no formal de los aspirantes. Si finalmente todos pasan este primer filtro de la Mesa, Javier Rojo, presidente de la Cámara, convocará la Comisión de Nombramientos, que será donde se debata a fondo sobre cada aspirante para tratar de elegir cuatro nombres y someterlos a la votación final del Pleno. La elección requiere de una mayoría reforzada, es decir, exige el acuerdo de PSOE y PP.