Casares pide mañana al fiscal general del Estado la nulidad de la sentencia contra Blas Infante

Una delegación del Ayuntamiento del municipio malagueño de Casares, pueblo natal de Blas Infante, entregarán mañana al fiscal general del Estado, Candido Conde-Pumpido, una petición para que active el procedimiento necesario para lograr la anulación de la sentencia que condenaba al padre de la patria andaluza en 1940, cuatro años después de haber sido "enjuiciado" y "asesinado" el 11 de agosto de 1936.

La alcaldesa de Casares, Antonia Morera, acompañada del secretario general del PCE, José Luis Centella; el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Juan Sánchez; el parlamentario andaluz de IU, José Antonio Castro, y el coordinador de IU en Casares, Guzmán Ahumada; estarán a las puertas de la Fiscalía General del Estado hacia las 13.00 horas.

La petición de la nulidad de la sentencia de Blas Infante es una de las acciones aprobadas por el pleno del Ayuntamiento de Casares para la celebración del 125 aniversario de su nacimiento, y cuenta con la aprobación de sus familiares.

Varios miembros de la Falange, a los pocos días de comenzar la Guerra Civil Española, detuvieron a Blas Infante en su casa de Coria del Río (Sevilla) y fue fusilado, "sin juicio ni sentencia". Cuatro años más tarde el Tribunal de Responsabilidades Políticas, creado después de la guerra, le condenó a muerte y a sus herederos a una multa económica.

El parlamentario andaluz de IU José Antonio Castro recordó que 2010 "fue declarado año de Blas Infante por el 125 aniversario de su nacimiento y nos parece una infamia que siga pesando una sentencia a todas luces injusta y también ilegal", por lo que instarán a Conde-Pumpido "a que comience a explorar los pasos jurídicos necesarios para su anulación".

Castro esperó que el fiscal general sea receptivo a esta petición "porque la anulación de sentencias es una posibilidad abierta a través de la Ley de Memoria Histórica" y precisó en declaraciones a Europa Press que es "absurdo" que no se haya iniciado este proceso aún "tratándose de una figura reconocida en el propio Estatuto de Autonomía".

Aseguró que cuando se hizo una pregunta parlamentaria a la Consejería de Presidencia "nos dieron excusas" e incidió en que la iniciativa "surge del equipo de gobierno de Casares, con su alcaldesa a la cabeza, después de esperar casi tres años a que el Gobierno andaluz cumpliera con un acuerdo tomado en sesión plenaria tras la propuesta del parlamentario Antonio Romero en la legislatura pasada".

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