Los precios suben dos décimas en un mes y un 3,4% en un año

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió el 0,2% en noviembre, con lo que la inflación acumulada en los once primeros meses se situó en el 3,5% y la interanual se redujo una décima hasta el 3,4%, ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La inflación subyacente, que excluye la variación de los alimentos frescos y la energía, aumentó el 0,5%, por lo que se situó en el 2,7% en los últimos 12 meses, una décima más que el mes anterior.

El grupo más inflacionista fue el del vestido y el calzado, que aumentó el 2,9% en noviembre, seguido del de alimentos y bebidas no alcohólicas, que creció el 0,6%, mientras que descendieron los precios del transporte, el 1,8 por ciento, y ocio y cultura, el 0,5 por ciento.

Compensación a pensionistas

El crecimiento experimentado por los precios en los últimos doce meses obligará al Gobierno a destinar unos 1.817 millones de euros  para reponer a los pensionistas los 1,4 puntos de poder adquisitivo que han perdido durante el año.

Según el IPC, en noviembre -mes que se toma de referencia para actualizar las pensiones- la tasa interanual de inflación se situó en el 3,4%, es decir, 1,4 puntos por encima de la previsión fijada por el Banco Central Europeo (2%).

Así, la Seguridad Social tendría que abonar unos 1.817 millones de euros adicionales, destinados a compensar las pensiones por la pérdida del poder adquisitivo, debido a la subida registrada por los precios hasta noviembre de 2005.

Según cálculos preliminares del Ministerio de Trabajo, cada décima de desviación de los precios costará unos 64 millones de euros, con lo que las catorce décimas adicionales supondrían un gasto de 896 millones de euros, si bien la cifra definitiva se conocerá hoy.

A esta cantidad, habría que sumar otros 896 millones de euros destinados a consolidar la desviación en las nóminas de los pensionistas para 2006 y ejercicios futuros, con el fin de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo el año próximo, tal y como establece la Ley de Racionalización y Consolidación de Pensiones de 1997.

Según estos cálculos, el Ministerio de Trabajo tendrá que destinar 1.792 millones de euros a las pensiones contributivas, cifra a la que hay que añadir los 25 millones de euros que suponen las no contributivas, lo que arroja un total de 1.817 millones de euros.

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