La vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, destacó hoy la actitud "coherente" de Castilla-La Mancha a la hora de crear entidades públicas, puntualizando que desde 2003 a 2009 sólo se ha extinguido un ente, mientras que en Murcia se liquidaron seis y en Valencia, diez, según afirmó.

Durante el debate general, presentado por el PP, sobre la gestión y funcionamiento de las empresas públicas, Araújo señaló que en esta Comunidad Autónoma "hemos sido muy austeros a la hora de crear este tipo de entidades", siendo la ratio de un ente público por cada 27.000 habitantes, un 20 por ciento inferior "de lo que nos correspondería".

Detalló que de las 94 entidades públicas propias que existían antes de los recortes realizados, se ha pasado a tener 42 entidades públicas tras la reorganización del sector. Todas ellas rinden cuentas al Síndico de Cuentas y, aún cuando no tienen obligación, someten sus cuentas anuales a auditoria privada.

En materia de endeudamiento, Araújo desveló que si hasta ahora la deuda de estas empresas en Castilla-La Mancha ascendía a 963 millones de euros a 31 de diciembre de 2009 (el 6,6 por ciento del total), la próxima semana el Banco de España ofrecerá datos, a 31 marzo 2010, según los cuales la deuda de las empresas públicas asciende a 990 millones de euros, lo que supone un "crecimiento moderado del 5 por ciento".

La vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda insistió en que el sector público regional está "ajustado" en su dimensión, que es inferior a la del resto de comunidades autónomas, y "se puede comprobar que su gestión ha estado sometida al mas estricto cumplimiento de la legislación.

Van a salir unos pocos

Desde el PP, el diputado Francisco Gil-Ortega señaló que el único consuelo que ve su grupo en los recortes es "que van a salir unos pocos", preguntándose "dónde va a colocar usted a tantos como van a ir fuera", pues "ya lo decían sus sindicatos que el sector público sirve para que el presidente recoloque a los despedidos con sueldos mayores", destacó.

Gil-Ortega, que lamentó en este punto que con las distintas medidas del Gobierno "ya no queda dónde meter la mano a los ciudadanos" a los que "ya solo queda ponerlos boca abajo", criticó el "oscurantismo" de algunas fundaciones como la Virtus de Puertollano (Ciudad Real), sobre la que ni el propio presidente regional, José María Barreda, había hablado.

Desde el PSOE, su portavoz económico, Antonio Guijarro, se mostró satisfecho con el "sector público que tenemos", su funcionamiento y los sistemas de fiscalización, y precisó, sobre la deuda, que la de Castilla-La Mancha es una deuda en términos moderados, y todos los indicadores lo ponen de manifiesto".

Finalmente, el debate de este punto se cerró con la aprobación de una resolución del PSOE, con los votos en contra del PP, en la que se reconoce la "dimensión reducida" del sector público regional y se insta a la Junta a llevar a cabo un proceso de racionalización del sector público.

El PP, por el contrario, vio cómo el PSOE rechazaba su resolución, en la que pedían una reducción "efectiva" del número de empresas públicas, conocer el coste que ha supuesto la reducción de diez a siete en el número de consejerías, y la eliminación en un 20 por ciento del gasto corriente en ellas.