Estas diligencias previas tienen su origen en la investigación de convenios urbanísticos, tras la querella presentada por parte de la Fiscalía Anticorrupción al analizar el informe de fiscalización emitido por el Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades mercantiles durante 2000 y 2001.

A finales del pasado mes de abril se declaró el secreto durante un mes de la parte de esta causa iniciada tras los informes emitidos por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, medida que ahora, mediante un auto, ha sido alzada.

En dicha resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, se precisa que han variado las circunstancias que aconsejaron declarar estas actuaciones secretas, puesto que se señala que "el conocimiento de lo actuado por las partes no va a perjudicar la investigación en curso", aunque "no hayan concluido las diligencias de instrucción".

Dentro de esta nueva fase de investigación, se registraron los despachos de un bufete de abogados ubicados en Marbella y en Madrid. En este sentido, el auto dice que durante la selección de documentos, los interesados "pudieron comprobar cómo era incorporada la documentación que esta instrucción entendió guarda relación con los hechos".

Además, apunta que se devolvió "directamente a los interesados aquella otra que igualmente a juicio de este instructor no guardaba relación alguna con dicho objeto procesal". Se insiste en que se han incorporado los soportes informáticos, incluidos correos electrónicos, relacionados con la causa.

Pero el instructor añade que "en propias palabras" de uno de los abogados imputados, que compareció en el juzgado el viernes día 28 de mayo, manifestó públicamente en presencia de sus abogados y del fiscal que "el registro había sido ejemplar y exquisito", por lo que rechaza la aclaración solicitada por una de las partes.

En esta causa, iniciada en 2006, ya estaban imputados el ex alcalde marbellí Julián Muñoz; el que fuera asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, el tasador José Mora, los ex ediles Rafael González Carrasco, Marisa Alcalá y Tomás Reñones, entre otros; y el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes.

Roca fue uno de los imputados que ya declaró por esta causa en 2007 y en ese momento se le preguntó por los convenios firmados por Julián Muñoz y los representantes de dos sociedades en 2000 y 2001; operaciones supuestamente relacionadas con una propiedad que habría sido del actor Sean Connery.