En la última sesión del juicio, celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, el Ministerio Fiscal se ratificó en la petición solicitada en su escrito de acusación, al que además se sumó la acusación particular, que representa a la Junta de Andalucía.

De este modo, la Fiscalía de la Audiencia Provincial ha pedido un total de 17 años de prisión para los cuatro empresarios y el agente de la Delegación de Medio Ambiente por delitos contra la ordenación del territorio, y en el caso del funcionario por los delitos de cohecho y omisión del deber, ya que habría aceptado sobornos a cambio de evitar que fuesen denunciadas las actividades de transformación y cambios de uso, además de por la existencia de construcciones ilegales en la citada finca.

En este sentido, desde la Fiscalía insistieron en que la finca de 'El Avispero' ha sufrido "una transformación total" y se ha llevado a cabo un cambio de uso de forestal a agrícola sin las licencias correspondientes.

En el banquillo de los acusados estaban J.M.S, quien compró 88 hectáreas de la finca propiedad de A.C.P; el empleado de Medio Ambiente F.B.O., así como M.M.C., quien arrendó 50 hectáreas de la finca 'El Avispero' y también se imputa en el caso a D.J.I., constructor de una nave en la zona "sin los permisos oportunos".

Sin embargo, por parte de la defensa de A.C.P incidieron en que la finca, de herencia familiar, "siempre ha sido de uso agrícola", así como recordaron que éste solicitó los permisos para la construcción de la nave y la balsas, pero las resoluciones de las mismas están "aún pendientes", a la par que destacaron que "no se han probado los hechos con fechas ni con datos concretos".

Además, las defensas de los acusados, tanto la de A.C.P que llevaba su propio letrado, como la defensa de J.M.S, el agente de Medio Ambiente F.B.O, así como el constructor D.J.I que comparten abogado, y otro de los empresarios M.M.C que también lleva su propia defensa, solicitaron la libre absolución de los imputados.

En el caso de los tres empresarios y el constructor, la defensa resaltó que éstos desconocían que la finca estaba enmarcada dentro del espacio protegido por el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito del espacio protegido (Potad).