El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, reprochó hoy a los grupos de la oposición —PSdeG y BNG— que ataquen la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y trasladen que es una "agencia mala" y un "apéndice del PP que no protege nada". Sin embargo, repuso que este organismo es ahora "más eficaz y riguroso" y, prueba de ello, informó de que paralizó 55 obras sin autorización en los primeros cuatro meses del año.

Durante su intervención a propósito de una interpelación formulada por la diputada socialista Mar Barcón, el conselleiro de Medio Ambiente e Territorio lamentó que el PSOE "cuestione la labor de la APLU", porque la Xunta "está impulsando la legalidad urbanística". "Sólo les preocupó desde marzo, cuando cambió el director", consideró el conselleiro, quien denunció que mientras gobernaba el bipartito en la Xunta no se preocuparon por la participación de los ayuntamientos.

De esta manera, rechazó cualquier "descrédito" de la institución y ratificó el "personal altamente cualificado" con el que cuenta esta agencia, cuya autonomía "respeta" el Ejecutivo gallego. Así, indicó que el plan de inspección 2010 mantiene "plena vigencia" y destacó el balance "superior" en las actuaciones realizadas.

Así, argumentó con datos su postura al recalcar que el número de paralizaciones de obras en ejecución sin autorización sumaron 55, más de la mitad de las 92 realizadas en todo el ejercicio anterior. Asimismo, concluyeron 65 expedientes de reposición de la legalidad urbanística (demoliciones) y se iniciaron 13 sanciones por infracciones en materia de urbanismo.

Datos sobre costas y multas

En cuanto a la Ley de Costas, se comenzaron 18 expedientes por infracción de la norma, frente a los 10 de todo el año 2009. A ello, hay que sumar las multas que se pusieron en relación con la ejecución de órdenes de demolición en zonas de servidumbre de protección de costas por importe a 365.000 euros, frente a los 260.000 euros del año anterior.

Sobre este último dato, la diputada nacionalista Teresa Táboas reclamó al conselleiro que le explicase con cuántas multas se corresponden, ya que éstas pueden oscilar entre los 600 y los 6.000 euros. "No le voy a explicar el Reglamento, presente una iniciativa (para responderle, ya que no era objeto de la interpelación", replicó Hernández, quien agregó que, en todo caso, "tiene contestación en la página web".

"No habrá impunidad para las edificaciones sin licencia o sin autorización autonómica. No habrá tregua para lograr el cumplimiento efectivo de las órdenes de suspensión ni en la ejecución de las órdenes de demolición", sentenció Agustín Hernández en su intervención, quien subrayó que la APLU trabaja con "seriedad, rigor y transparencia".

Críticas cruzadas

Al margen de estos datos, el debate giró en torno a la situación urbanística en Galicia y denuncias cruzadas entre los grupos sobre las irregularidades que se viven en ayuntamientos de toda la geografía gallega.

Con todo, tanto Xunta y PPdeG como el PSdeG coincidieron en que "Gondomar es sinónimo de lo peor de la política", si bien mientras que los socialistas denunciaron que los populares ampararon a concejales condenados por irregularidades urbanísticas, el conselleiro defendió la actuación del partido que sustenta al Gobierno, que "apartó" a los implicados.

En el debate, la diputada socialista Mar Barcón reclamó al conselleiro que "si bien no tiene competencias", sí "autóritas" para "devolver la luz sobre la legalidad urbanística" y "decir a los gallegos que se puede confiar en usted y que la APLU va a defender los intereses de los ciudadanos". "No ponemos en cuestión a sus profesionales, sino las decisiones", expuso, y demandó enviar a la Fiscalía cuantas irregularidades se detecten.

Así, arremetió contra la actuación del PP en Gondomar, por "amparar" una moción de censura en ese ayuntamiento que lleva el "triste sinónimo de corrupción, desvergüenza, dinero negro, compra de miserias humanas, venta de voluntades manchadas de avaricia y refugio de vidas miserables". Por su lado, Teresa Táboas lamentó que en ese municipio se "perdió un gran alcalde", el nacionalista Antón Araúxo.

Mar Barcón también le recordó a los populares que el ahora presidente de la Xunta y entonces líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, había puesto en cuestión el "rigor" de la actuación del Ministerio Fiscal en Gondomar e incluso lo había calificado de "caza de brujas".

Bipartito "sectario"

Tanto el conselleiro Hernández como el diputado del PPdeG Román Rodríguez coincidieron en que Gondomar "es lo peor de la política", pero el titular de Territorio recomendó a los socialistas, además de "acusar" a los populares, que "miren en su casa".

En este sentido, Agustín Hernández mencionó al ayuntamiento de "A Illa de Arousa" y acusó de "sectarismo" al bipartito por no actuar en municipios gobernados por ellos, como Foz o Viveiro, mientras que sí denuncian la situación de Barreiros, en donde se construyó una urbanización ilegal. Al hilo, también se refirió a la realización de "planes de empleo de Tragsa para contratar amigos de forma oscura y torticera".

Al respecto, la parlamentaria socialista sostuvo que la corrupción "no es cuestión de un partido", pero diferenció la forma de actuar de los socialistas y la de los populares, como en el caso de Carlos Silva, al que "Louzán (presidente de la Diputación de Pontevedra) premiaron con una dedicación exclusiva y un sueldo de 65.000 euros al año".

Al debate se sumó el diputado del PPdeG al asegurar que el secretario xeral del PSdeG, Manuel 'Pachi' Vázquez, tiene "una casa de aquella manera" construida o al mencionar el "matrimonio de conveniencia PSOE-UU.AA.", en referencia a supuesta trama agraria. "Mírense al espejo", instó, a lo que Barcón replicó que ella no se había "tenido cuidado" de no meterse en "terrenos como el aparcamiento" mal construido, al respecto —de forma velada— al del parlamentario popular.