La norma, impulsada por la conselleria de Governació que dirige Joan Carretero, restringe el paso de la actividad pública a la privada. A partir de ahora, el alto cargo deberá esperar dos años desde su cese para intervenir en empresas privadas relacionadas con los expedientes que tramitó en el Govern.

Cuando los directivos asuman su cargo público también deberán declarar su patrimonio, así como sus relaciones con empresas.

Examen para el Síndic de Greuges

A partir de ahora, los altos cargos propuestos por el Parlament, como el Síndic de Greuges o Comptes o el presidente del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pasarán un exámen obligatorio para el puesto. No obstante, la prueba no será vinculante. En otra norma, se plantea que estos 25 responsables se añadan a los dos cargos que hoy tienen sueldo vitalicio: los presidentes del Govern y Parlament.