El Ayuntamiento le dará un piso de protección oficial, pero para tener un nuevo local tendrá que buscárselo por su cuenta. «Yo pido ayuda porque esto es lo que me da de comer», decía ayer Li con palabras atropelladas y con cierta ira inocultable.

Los otros inquilinos del inmueble, declarado en ruina desde 1992 por la dejadez del propietario, correrán mejor suerte. Son diez familias que suman 19 personas. Diecisiete tendrán pisos en alquiler protegidos, una irá a un piso tutelado y otra más vivirá con su hija.

A las nueve de la mañana comenzó el desalojo que desde hace años pendía sobre estas familias acostumbradas a vivir en casas parecidas a chabolas. Tanto despliegue hizo que Sonia, una de las inquilinas, no pudiera evitar el llanto. La escena le recordó el día en el que murió su madre, hace ya un año. A Salvadora también se le asomaron unas cuantas lágrimas. Al fin y al cabo ya son 44 años en esa casa que no alcanza ni siquiera los 30 m2 y donde se han criado su cuatro hijos.