La entidad indicó en un comunicado que el derribo de la fábrica, considerada uno de los "más bellos ejemplos" de arquitectura industrial de España, "deja al descubierto dos grandes solares sobre los que la promotora Guadalmedina, beneficiaria de la recalificación, construirá dos edificios de 9 alturas con casi 300 viviendas".

Salvem Tabacalera señaló que el proceso judicial iniciado tras la aprobación definitiva de esta recalificación ha sido "complicado" y "repleto de obstáculos" que, en su opinión, "no ha posibilitado una defensa justa de los argumentos patrimoniales y de defensa de la legalidad que hemos intentado demostrar".

En este sentido, lamentó que el TSJCV "ha rechazado todo tipo de estudio de expertos que, avalado y coordinado por la Universidad de Valencia, hubiera informado sobre los valores patrimoniales del edificio, con el argumento de que ya existían suficientes informes en el expediente".

Por otro lado, criticó que se ha negado "cualquier actuación sobre la permuta y cualquier tipo de prueba pericial que demostrara que el valor del edificio administrativo municipal de la Avenida de Navarro Reverter/Plaza América que también se recalifica para vivienda y se entrega en permuta a Guadalmedina, es muy superior al establecido por el Ayuntamiento de Valencia".

En este sentido, subrayó que "se valoró a 2.000 euros el m2, cuando, por ejemplo, en esas mismas fechas la Generalitat valenciana en subasta pública vendió el edificio de los antiguos juzgados situados a escasos metros a 6.500 euros el m2".

En esta línea, incidió en que el TSJCV "ha negado cualquier tipo de prueba pericial para comprobar este extremo y ha dado por buena la valoración del Ayuntamiento", que para Salvem Tabacalera, "se llevó a cabo sin ningún rigor, basándose en los precios de mercado de viviendas usadas del distrito de acuerdo con las páginas inmobiliarias de los periódicos".

Por estos motivos, Salvem Tabacalera considera que se trata "de un atentado patrimonial indigno; de una actuación propia de violentos que, apoyándose en su cargo institucional, no dudan en contradecir sus acuerdos arrasando el patrimonio público de todos los valencianos, incluso en este caso a través de convenios y operaciones de permuta sospechosas, no ajustadas a la legalidad —como pone de manifiesto el voto particular de la sentencia—, que han permitido una operación inmobiliaria con importantes plusvalías privadas".