Unas 6.000 personas se manifestaron hoy en A Coruña en contra de los recortes aprobados por el Gobierno central en las manifestaciones convocadas por CC.OO, UGT y CSIF y la que también celebró la CIG media hora antes. En ellas, se pidió la dimisión del presidente del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero. Por otra parte, los sindicatos cifraron en torno al 65% el seguimiento de la huelga de funcionarios en Galicia.

La manifestación más numerosa fue la convocada de forma unitaria por CC.OO, UGT y CSIF, sindicatos que escogieron A Coruña para celebrar la protesta central en Galicia. En ella, participaron, según datos de los convocantes y de la Policía Local, unas 4.500 personas, entre los que se encontraban los secretarios generales de UGT y CC.OO en Galicia, José Antonio Gómez, y Xosé Manuel Sánchez Aguión, respectivamente.

La protesta partió pasadas las 12.15 horas de la plaza de la Palloza, encabezada con una pancarta con el lema 'Non os recortes salariais e sociais. Mobilizate', suscrita por los sindicatos convocantes, así como por sindicatos policiales y de la Guardia Civil.

La movilización finalizó ante la Delegación del Gobierno en Galicia, donde el decano del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG), Xosé Manuel Pereiro, dio lectura a un manifiesto en el que se responsabilizó de la crisis económica "a la economía especulativa y a la ausencia de controles del sistema financiero".

Demandas sindicales

Entre las medidas para afrontar el actual contexto económico, los sindicatos reclamaron iniciativas que actúen sobre el empleo y el tejido productivo y acusaron al Gobierno central de estar "subordinado" a los intereses de los mercados financieros. Además, en su manifiesto, denunciaron su "renuncia a actuar sobre los ingresos para hacerlo sólo sobre los gastos", señalaron en alusión a los recortes previstos, entre ellos los sueldos de funcionarios y pensionistas.

En esta misma línea, se pronunció el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Galicia, José Manuel Vázquez, quien calificó de "injustas" y "estériles" las medidas aprobadas por el Gobierno "porque no ayudarán a reducir el paro, ni a contribuir a mejorar la economía", apuntó.

Asimismo, indicó que los recortes salariales previstos situarán los sueldos de los funcionarios "como hace una década" y añadió que "más del 60% de los funcionarios tienen unos ingresos brutos de 1.300 euros al año", indicó en relación a la incidencia de los recortes.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO, Ramiro Otero, calificó el seguimiento de la huelga como una "contestación" a la política del Gobierno y exigió que las medidas vayan "al ingreso y no solamente al gasto a donde se dirigen las políticas del Gobierno Zapatero", señaló.

Política de la xunta

Asimismo, denunció que la Xunta aplica el decreto en la comunidad autónoma gallega "con mayor virulencia incluso que el decreto estatal" y reclamó a la Administración autonómica que "retire" el plus de altos cargos y que "actúe sobre el parque móvil".

"La Xunta no quiso un acuerdo de los empleados públicos en el año 2008 y, además, suspendió el acuerdo de Sanidad y de Justicia", indicó el dirigente de CC.OO, quien le acusó de "aprovecharse" del decreto del Gobierno "para hacer su política de destrucción de los servicios públicos a la ciudadanía y del Estado de bienestar", añadió.

Mientras, el presidente de CSIF en Galicia, José Francisco Méndez Castro, denunció que en España "no se está pidiendo ninguna responsabilidad a los culpables de esta crisis que son las entidades financieras" y añadió que "por contra, tienen la desvergüenza de pedir la reducción de los salarios y de las pensiones".

Asimismo, acusó a la clase política española de llevar "años de derroche" y atribuyó el déficit existente "al mal gasto" en actuaciones como el Plan E. "Costó 13.000 millones de euros y sólo la publicidad costó 46 millones de euros y eso supone la congelación de las pensiones de medio millón de pensionistas", apuntó.

Manifestación de la cig

Mientras, la manifestación convocada por la CIG, que partió media hora antes de la plaza de la Palloza y finalizó también ante la Delegación del Gobierno en Galicia, congregó, según los convocantes, a unas 2.000 personas, aunque la Policía Local redujo esta cifra a unos 1.200.

La protesta contó con la presencia, entre otros dirigentes sindicales, con la responsable nacional de CIG-Administración, Carmen López Santamariña, quien calificó las medidas del Gobierno como "un ataque a los salarios y a los servicios públicos con mayúsculas".

Pese a la falta de unidad sindical en la convocatoria de estas movilizaciones, todas la centrales sindicales coincidieron en calificar de "abusivos" los servicios mínimos y confirmaron la presentación de recursos contra los mismos.

Asimismo, cifraron en torno al 65% el seguimiento de la huelga en la Función Pública, aunque admitieron un "seguimiento desigual" de la huelga en función de los sectores. Así, la CIG cifró en un 80% el seguimiento en los ayuntamientos gallegos, sobre todo en las grandes ciudades, mientras que desde CC.OO se situó el porcentaje de trabajadores en huelga entre el 62 y el 65%, aunque elevó al 80% esta cifra incluyendo los trabajadores sujetos a servicios mínimos, pero que apoyaban la huelga.