Esta decisión se toma un día después de que la Eurocámara pidiera una moratoria en las reclasificaciones de suelo en la Comunidad Valenciana hasta que se apruebe la LUV para evitar abusos urbanísticos como los denunciados en Bruselas por 15.000 pequeños propietarios de toda Europa con la aplicación de la actual Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).

El dictamen motivado señala que el proyecto de LUV "no es suficiente para poner fin al incumplimiento en diversos puntos" de la LRAU. "En particular, el proyecto de ley no prevé una solución adecuada para la cuestión del período transitorio aplicable a la LRAU".

Bruselas sostiene que dichos planes constituyen contratos públicos de obras, y por ello tienen que ajustarse a la directiva de contratos públicos de obras y a la de contratos públicos de servicios, así como a los principios generales del Tratado, sobre todo por lo que se refiere a publicidad y transparencia.

Segunda fase de un procedimiento de infracción

El dictamen motivado es la segunda fase de un procedimiento de infracción. Bruselas abrió expediente contra la LRAU el pasado 21 de marzo, y desde entonces ha mantenido varias reuniones técnicas con las autoridades españolas y valencianas para estudiar si el anteproyecto de la LUV corrige sus deficiencias.

La decisión de lanzar un ultimátum de 3 semanas se debe a que la Comisión sigue pensando que el borrador de la LUV no resuelve las infracciones a la legislación comunitaria de contratación pública, y a que las autoridades competentes no han respondido adecuadamente a la carta de emplazamiento enviada en marzo.

Por lo que se refiere a las cuestiones medioambientales suscitadas por la LRAU, el Ejecutivo comunitario ha señalado que después de haber realizado un "exhaustivo análisis" no hay ningún incumplimiento de la legislación medioambiental europea.

No obstante, ha advertido de que lanzará de inmediato una nueva investigación "si le dan pruebas de que la ley no se aplica correctamente", aunque esto se hará caso por caso.