El portavoz parlamentario del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, criticó hoy el Plan Estratégico de la Xunta para afrontar la crisis no contiene ninguna actuación nueva, sino que únicamente "empaqueta medidas" ya previstas en los presupuestos gallegos, cuyos fondos multiplica "por cuatro", dado que éste es su período de vigencia. Frente a esto, presentó un paquete de medidas en las que se incluye la subida del IRPF y la recuperación del impuesto de transmisiones patrimoniales.

En rueda de prensa, incidió en que el Plan Estratégico no tiene "ninguna orientación, ninguna priorización ni ninguna novedad" y en que su inversión prevista, unos 40.000 millones de euros, es el resultado de "multiplicar todo el presupuesto de la Xunta por cuatro", ya que este programa se extiende entre 2010 y 2014.

Ante la "falta de iniciativa" que echó en falta del Gobierno autonómico, el portavoz de los socialistas en el Pazo do Hórreo propuso diferentes medidas para atajar la crisis, como modificar los tramos autonómicos del IRPF, de modo que se incremente en un punto el tipo aplicable a las rentas que superen los 100.000 euros; otro punto a los que sobrepasen los 125.000; y un tercero a partir de los 150.000 euros. Según sus cálculos, esta medida podría llevar a las arcas públicas unos "20 o 25 millones de euros al año".

En cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales, planteó la idoneidad de "abrir el debate" sobre su recuperación para aquellos traspasos que superen los 900.000 euros, con el objetivo de generar unos ingresos anuales que superarían los 100 millones de euros

En la línea de actuar sobre los ingresos, el socialista demandó que la Xunta traslade "con rapidez" al Parlamento un plan de lucha contra el fraude fiscal en términos autonómicos que, a su juicio, deberá ir acompañado "a medio plazo" por la creación de una agencia tributaria gallega que funcione de manera coordinada con la española.

Actuación sobre el gasto

En el lado opuesto, el de los gastos, Fernández Leiceaga reclamó del Ejecutivo autonómico "una actuación más decidida que hasta ahora" que incluya un calendario para el "adelgazamiento" de la "administración paralela". "Las 33 fundaciones comarcales que Feijóo iba a suprimir siguen exactamente igual", ejemplificó, para reclamar la eliminación de "otros entes", la unificación del Igape y BIC Galicia y la integración de los cuatro Xestur provinciales en uno solo.

Las subvenciones públicas son otro de los puntos que los socialistas proponen replantear y, así, piden a la Xunta un plan estratégico para este tipo de ayudas en virtud del cual se replanteen sus "finalidades" y el "rendimiento" de las que se otorgan, porque de este modo se lograría "un ahorro estimable".

En cuanto a la contratación pública, el PSdeG plantea "elevar al máximo" los criterios económicos y establecer cláusulas "muy rígidas" para la modificación de estos contratos, de forma que, salvo en casos "ya tasados" de "fuerza mayor", en ningún caso el contrato final supere el 20 por ciento de la oferta inicial.

Tras esta relación de medidas, Leiceaga abogó por crear una nueva unidad administrativa dependiente de la Presidencia de la Xunta que se encargue de "evaluar la eficiencia en el gasto público" y cuyos informes permitan "orientar" las actuaciones del Gobierno gallego en este sentido. De la misma manera, en el Parlamento debería existir, a su juicio, una oficina de control presupuestario. "Serían dos instrumentos muy útiles", opinó.

Por último, abundó en propuestas ya reclamadas en diferentes ocasiones, como la disminución del parque móvil, la utilización del software libre, la eliminación de los delegados territoriales de la Xunta y el "estricto control" de los viajes institucionales; además de la reducción de vocales y sus retribuciones en los consejos de administración de las entidades públicas, que complementaría la ya anunciada rebaja de los sueldos de altos cargos y diputados.