Fuentes destacó la necesidad de poner en marcha medidas que "permitan reducir el déficit de aquí al año 2013, acumulando menos deuda y manteniendo los pilares del estado del bienestar". "Se ha llegado a una situación en la que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que ahorrar, por lo que el esfuerzo ha de ser de todos", apostilló.

Especificó que la deuda municipal "se ha incrementado 3,7 veces desde que Francisco de la Torre es alcalde, pasando de 198 millones de euros en 2000 a 738 millones en 2009", lo que, a su juicio, "significa que en los dos últimos años, incluidos los domingos, el endeudamiento creció en 287.671 euros al día, lo que coloca a Málaga a la cabeza de las ciudades con mayor déficit de España".

Por otra parte, el portavoz socialista subrayó, a través de un comunicado, que el presupuesto para el año 2010 destina un total de 61,7 millones de euros a gastos financieros, "lo que supone que el Ayuntamiento malagueño desembolsa al mes 5,1 millones de euros a pagar deuda".

En este sentido, señaló que otros ayuntamientos han puesto ya en marcha planes "para atajar el gasto público municipal y acelerar la reducción de la deuda municipal", poniendo como ejemplo al de Madrid, gobernado por el PP, en el que se ha aprobado un plan con el que se pretende ahorrar 1.041 millones y, entre otras medidas, propone la disminución de un 25 por ciento el número de personal de confianza y la reducción del gasto de alquiler de edificios y de protocolo.

Por todo esto, el portavoz socialista tendió la mano al equipo de gobierno para, "desde el consenso, trabajar para disminuir el déficit", y propuso como medidas "la reducción de un 50 por ciento de los gastos de protocolo y representación y la limitación de los sueldos de todo el personal eventual al sueldo que percibe el alcalde".

Asimismo, planteó "la eliminación de las cláusulas indefinidas y de blindaje que siguen existiendo entre los gerentes de las sociedades mercantiles y la reducción de las dietas". También apuntó a la racionalización de la contratación del personal de apoyo y asesoría, la disminución de partidas de estudios y trabajos técnicos en un 50 por ciento y la amortización de forma consensuada con sindicatos de parte de las plazas vacantes.