Los sindicatos UGT y CC.OO. de Euskadi acudirán a los tribunales en el caso de que la Ley "ilegal" que pretende aprobar el Gobierno vasco para desarrollar en Euskadi el Decreto Ley que recoge las medidas de ajuste del Ejecutivo central "se cargue" los convenios colectivos. Asimismo, llamaron a la huelga general del próximo 8 de junio a los más de 50.000 trabajadores vascos de las más de 100 empresas públicas dependientes de las Administraciones vascas "porque se van a ver afectados por los recortes".

Los secretarios generales de UGT y CC.OO. de Euskadi, Dámaso Casado y Unai Sordo, respectivamente, comparecieron hoy en rueda de prensa para dar a conocer su valoración sobre el "plan de recorte" del Gobierno vasco presentado ayer en la Mesa de la Función Pública, así como extender la convocatoria de huelga del día 8 del sector público a las empresas públicas.

El dirigente de CC.OO. Unai Sordo expresó el rechazo "inequívoco" de su sindicato a las medidas de ajuste planteadas ayer por el Gobierno vasco y exigió la aplicación de los acuerdos firmados con el Ejecutivo vasco y el conjunto de los agentes implicados en todo lo referido a los recortes.

También advirtió que ambos sindicatos no van a "renegociar ni la reformulación de los acuerdos ni la aplicación de los efectos minorizados de las medidas que ha planteado el Gobierno vasco".

A su juicio, "hay más razones que nunca para participar en la huelga general del sector público convocada en Euskadi el 8 de junio" e hizo un llamamiento "expreso" a los trabajadores de las empresas públicas "porque se van a ver afectados por los recortes y porque en otras convocatorias de huelga se les ha excluido del llamamiento a participar en esa huelga". En total, están llamados a la huelga más de 150.000 funcionarios y empleados de empresas públicas.

Por otro lado, denunció "el discurso de demonización de lo público que se está instalando en la sociedad". A su juicio, las medidas de ajuste "están encontrando abono en un proceso de deslegitimación del sector público que es absolutamente reaccionario y promovido desde muchas instancias". "Tiene un contenido ideológico evidente, por lo que en esta huelga queremos también reivindicar el papel de lo público en nuestra sociedad", añadió.

Sordo indicó que la del 8 de junio es una huelga convocada en el sector público "pero es una movilización de carácter general, porque hay medidas que afectan a otros colectivos de la sociedad, como a los pensionistas o a las personas dependientes, en definitiva al conjunto de la sociedad y, especialmente, a las personas más desfavorecidas".

Asimismo, consideró que el planteamiento de ayer del Gobierno vasco supone "cuestionar seriamente la vigencia de los acuerdos de negociación colectiva que se están dando en sectores que tienen convenios colectivos". Asimismo, alertó de la pretensión de "relativizar la vigencia de los convenios colectivos e, incluso, de convenios colectivos de carácter sectorial en sectores concertados con la Administración, lo que pasa ya todas las líneas de lo admisible".

El responsable de CC.OO. Euskadi explicó que ayer se pidió la reunión de la comisión de seguimiento, interpretación y evaluación de la Mesa General de la Función Pública Vasca, "porque pensamos que hay elementos muy sustanciales que están recogidos en esos acuerdos que no están afectados por este Decreto y siguen siendo vigentes"."PRESIONAR"

El responsable de UGT-Euskadi, Damaso Casado, afirmó que el Gobierno vasco "ha ampliado de forma ilegal" el Decreto Ley aprobado por el Gobierno central, aunque confió en que algunas de las medidas propuestas por el Ejecutivo López "se puedan cambiar" antes de que la Ley se apruebe en el Parlamento vasco, y, para lograrlo, advirtió, "no dejarán de presionar".

En ese sentido, insistió en que "si la Ley que apruebe el Parlamento vasco se carga los convenios colectivos, haremos todos los recursos necesarios jurídicos, porque tenemos la claridad suficiente de que eso no lo puede hacer una ley, y menos una ley del Parlamento vasco".

Casado advirtió que, además de la rebaja del suelo de funcionarios y empleados de empresas públicas un 2 por ciento de media, "parece que hay una propuesta de rebajar el 30 por ciento de la paga extraordinaria de diciembre, lo que va a mucho más del 2 por ciento".

El responsable de UGT reiteró que el Gobierno vasco, "no va solamente a cumplir la ley del Decreto Ley del Gobierno central, sino a incumplir la ley que se está haciendo de los convenios colectivos y el derecho que tenemos los trabajadores, sindicatos y empresarios, a través de la Constitución, a hacer convenios colectivos, y que esos convenios una vez que se firman se desarrollen y se apliquen". "Las administraciones públicas no tienen ninguna capacidad legal para incumplir y rebajar los salarios en convenios colectivos", insistió.

Casado advirtió que "si se aprueba el proyecto de Ley que quiere el Gobierno vasco, aprobarán una ley que va en contra de las leyes y, por lo tanto, serán ilegal". Por ello, aseguró, "haremos todo lo necesario para que eso no se pueda cumplir".

El responsable de UGT Euskadi criticó también que las Administraciones públicas "no analizan lo que realmente son las consecuencias de solamente reducir salarios, porque recudir salarios supone no solamente mermar los gastos, sino mermar los ingresos". "Reducir salarios supone que va a haber una bajada de las cotizaciones a la Seguridad Social y al IRPF y eso va a ser un tema muy negativo que va a afectar al conjunto de la sociedad", alertó.

Por todo ello, emplazó a todos los trabajadores del sector público, "tanto a los empleados públicos como los de las empresas públicas, a que el día 8 vayan a la calle, se manifiesten y hagan el paro en protesta contra las medidas del Gobierno central y de las que va a aplicar el Gobierno vasco".

Casado manifestó que "esto no solamente afecta ya a los trabajadores, sino también a todas las prestaciones sociales, fundamentalmente a los jubilados, que van a tener una congelación salarial".

Por último, hizo un llamamiento todos los partidos "se posicionen con claridad si están de acuerdo con recortar derechos a los trabajadores activos o pasivos o no están de acuerdo".

Dialogo social

Por otro lado, preguntado por cómo puede afectar al diálogo social en Euskadi la actuación del Gobierno vasco, Sordo aseguró no van a renunciar "a un derecho democrático de los trabajadores, como es el diálogo social, que sigue siendo una herramienta válida para intentar influir en las políticas públicas", mientras que Casado destacó que se ha conseguido abrir una mesa de diálogo social que tiene "carácter indefinido" y añadió que "hablar y negociar es la única forma de avanzar en sus condiciones".

Por último, el coordinador del área pública de CCOO Euskadi, Eduardo García, repasó las medidas que ayer presentó el Gobierno vasco en la Mesa de la Función Pública Vasca, que supondrán un ahorro de 100 millones de euros, la mitad gracias a la rebaja de los sueldos de los funcionarios, empleados públicos, altos cargos y trabajadores de sociedades dependientes del Ejecutivo.

García quiso precisar, en relación al aplazamiento de las sustituciones, que esta medidas "no se aplicará en aquellos sectores donde el convenio colectivo exige la sustitución", por lo que "las sustituciones sí se vana producir con carácter inmediato en el ámbito de la Educación en infantil y primaria, en Justicia o en Interior, porque son convenios colectivos donde está recogida perfectamente que las sustituciones son obligatorias con carácter inmediato".