A preguntas de los medios, Araújo destacó que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aplicado, "porque es nuestra obligación", la normativa básica que se contenía en el Decreto Ley que convalidó el Congreso de los Diputados. "Nuestra primera obligación es sujetarnos al ordenamiento jurídico vigente", insistió la consejera.

Respecto a servicios mínimos, recordó que el martes pasado el Consejo de Gobierno aprobó un decreto general, "pero a partir de ahí el responsable de la gestión de cada uno de esos servicios, que hemos calificado como esenciales, es el que deberá determinar los correspondientes servicios mínimos".

"No es igual el servicio que podemos prestar desde esta Consejería de atención a los contribuyentes que el servicio sanitario o educativo. En cada ámbito se van a adoptar decisiones distintas", precisó.