La Comisión Ejecutiva de UGT Castilla y León tras el correspondiente análisis sobre la posición del sindicato mantenida a lo largo de este proceso, y una vez mantenida reunión con los secretarios generales de las uniones provinciales, recordó haber hecho siempre bandera de la necesidad de fusión entre las cajas de la Comunidad convencida de que dicho sistema asegura su naturaleza jurídica y permite que continúen siendo propiedad de los impositores.

UGT, a través de un comunicado recogio por Europa Press, reconoció no obstante que le habría gustado que en el proceso se incluyera al resto de entidades de ahorro de la Comunidad, al tiempo que justificó la negativa a suscribir el pacto laboral en que el mismo era lesivo para los intereses de los trabajadores.

En cualquier caso, el sindicato reiteró la necesidad de tener una caja de ahorros fuerte en Castilla y León, con capacidad suficiente para afrontar el futuro de la misma, "una caja con sede y toma de decisiones en nuestra tierra, una caja implicada en el desarrollo y vertebración de la Comunidad, cumpliendo con la redistribución de beneficios a través de una obra social cercana a los ciudadanos de los pueblos y de las ciudades y con capacidad de respuesta a la demanda crediticia de los trabajadores, familias y empresas".

En contra de los sip.

Por contra, el sindicato mostró su rechazo a los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) con "bancos" como sociedades centrales, "porque ponen en peligro la naturaleza jurídica de las cajas y su objeto social".

En este sentido, apuntó que la autorización por parte de la Junta del proceso de integración de Caja de Burgos, Caja Segovia y Caja de Ávila en Banca Cívica, supuso en la práctica la entrega de éstas a un banco, "descartando por completo el objetivo de promover la consecución de la gran caja, así como el mantenimiento de la especial naturaleza jurídica propia de estas entidades".

Los últimos acontecimientos producidos en estas tres cajas, en opinión del sindicato ugetista, "nos sitúan en un panorama de dispersión de los recursos financieros, donde la toma de decisiones se aleja de la Comunidad y por lo tanto haciendo más difícil la implicación financiera en proyectos estratégicos y de futuro para Castilla y León".