El fiscal del juicio que se sigue contra la supuesta trama de corrupción urbanística en Gondomar (Pontevedra) anunció hoy una reducción en su petición de pena para dos de los acusados, José Luis Mosquera —ex edil de Cultura— y el arquitecto vigués Francisco Borja R.M., por haber reconocido éstos los tres delitos de cohecho y haber colaborado "desde el principio" con la Justicia, mientras que la mantiene para Alejandro Gómez, ex concejal de Urbanismo.

En la vista que se celebra en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en Vigo, el fiscal inició la presentación de sus conclusiones con esta modificación en la pena, de manera que solicita una multa de 45.000 euros por cada delito para Mosquera -un total de 135.000 euros—, y mantiene la suspensión de empleo o cargo público durante seis años. En el caso del arquitecto, pide una multa de 23.500 euros por cada delito —en total 70.500 euros— y la suspensión para ejercer esta profesión para la Administración pública durante 15 meses.

En su alegato final, el representante del Ministerio Público pidió al jurado que no se cuestionen su culpabilidad de Mosquera ya que "él mismo la reconoció desde el primer momento" y manifestó que, en su opinión, el ex concejal reclamaba a los promotores dinero para quedárselo él —y no para usarlo en la financiación de la campaña electoral del PP o para apoyar a los independientes de Move Gondomar— y comprarse un piso.

Con respecto a Francisco Borja R.M., también recordó que había asumido su participación como coautor en los tres delitos de cohecho, mientras que, en el caso de Alejandro Gómez —ex edil de Urbanismo— mantuvo su petición de pena, con la precisión de que la multa solicitada es de 360.000 euros por cada uno de los tres delitos e insiste en que sea suspendido de empleo o cargo público durante 6 años.

Implicación de gómez

En cuanto a este acusado, el Fiscal insistió en su participación en los hechos —pese a que él lo negó durante todo el juicio—, y afirmó que existen contra él pruebas directas e indirectas, como el hecho de que el propio Mosquera le incriminase, o las declaraciones de los Guardias Civiles, que apuntaron que el ex edil de Cultura "siempre hablaba en plural" y que en una de las llamadas intervenidas se le oye de fondo diciendo "mantenlo fuera, mantenlo fuera".

Asimismo, justificó que la mayoría de promotores supuestamente extorsionados no le apuntan directamente "porque es más esquivo, no porque sea inocente". En ese sentido, indicó que Alejandro Gómez "tenía un sujeto útil que le resolvía la papeleta", en referencia a su compañero de Corporación, también acusado.

El Ministerio Público que defendió la legalidad de las escuchas telefónicas —cuestionada por la defensa de Gómez—, reiteró que las pruebas y los testimonios evidencian la "culpabilidad" de este ex concejal, a quien calificó como una persona "más sólida y con la cabeza más organizada" que Mosquera para las cuestiones de Urbanismo.

Por otra parte, el Fiscal explicó que retiraba la acusación que pesaba sobre María Belén F.F., entonces pareja de Mosquera, porque, aunque inicialmente se la consideraba cómplice en estos delitos, se demostró que su participación se limitó a acompañar a su novio en una cita en la que él iba a recoger un primer pago de uno de los sobornos. "Sobre ella sólo pesa una sospecha, y en este juego —el de la Justicia— la duda absuelve", concluyó.

Defensa de gómez

El abogado defensor de Alejandro Gómez trató, en su alegato final, de cuestionar una vez más la validez de las escuchas y la forma en que la Guardia Civil obtuvo los datos personales del arquitecto, el único acusado al que se le intervino el teléfono. En ese sentido, insistió en que el procedimiento había vulnerado derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

Por lo demás, recalcó la "absoluta inocencia" de su patrocinado y afirmó que Mosquera "actuaba sólo". "Mosquera decía que también estaba metido Alejandro para poder pedir más dinero, y nombrando al concejal de Urbanismo daba sensación de más solvencia", aseveró.

Asimismo, también indicó la "falta de solvencia" de las pruebas policiales contra Gómez, porque "simplemente" deducen su implicación por una voz que sale en una grabación "para la que no han hecho ninguna comparativa", y porque Mosquera habla en plural.

También negó que hubiera relación de amistad entre los ediles porque "si Mosquera fuera amigo de Alejandro, no le hubiera incriminado, pero se chivó". "A él lo trincaron, y quería que Alejandro fuera con él", apostilló, al tiempo que insistió en que los promotores no le han implicado directamente.

Este abogado también esgrimió una motivación política en la trama, y recordó que el denunciante, Manuel Ángel R.G., que colaboró con la Guardia Civil había trabajado con Esquerda Galega en el Ayuntamiento de Vigo. "A Manuel le pusieron una medalla por esto, y el Ayuntamiento de Gondomar cambió de gobierno tras este proceso", denunció.

El letrado recordó, asimismo, que "nadie de la corporación" del PP en aquellos momentos acudió a este juicio para "solidarizarse" con Alejandro Gómez, ya que, en su opinión, lo consideran un "apestado" después de que no estuviera implicado en un caso de licencias urbanísticas ilegales en Gondomar —por el que fueron condenados el ex alcalde, Carlos Silva, y su comisión de gobierno, en la que estaba Mosquera—.

Defensas del arquitecto y de mosquera

El abogado de Francisco Borja R.M. afirmó que su defendido fue "el único que contó toda la verdad desde el principio" y que incluso facilitó información a la Guardia Civil sobre los convenios urbanísticos. Asimismo, señaló la "frustración" del arquitecto por estar en el banquillo de los acusados, e insinuó que la investigación de la trama debería extenderse en otras dirección, ya que "no son todos los que están, ni están todos los que deberían de estar".

También reiteró que su patrocinado "no ofrecía dinero, sino que se le pedía a él" y que fue el "sujeto utilizado y manipulado por todos", pese a que "no ganaba nada en esto". "Ahora se ven las consecuencias de no haber dicho que no a tiempo", lamentó, y manifestó que "de lo único que se le puede acusar es de ser un torpe utilizado y de no tener la hombría de haber ido al juzgado en cuanto se empezó a hablar de dinero".

El letrado de José Luis Mosquera pidió al jurado que tuviera en cuenta la atenuante de colaboración, que conllevará un beneficio en la pena, e insistió en que su defendido actuó en "una sociedad con reparto de papeles" en la que Alejandro Gómez se encargaba de la cuestión urbanística y él del dinero. También manifestó su "opinión personal" de que Mosquera quería el dinero para financiar la campaña del PP en Uruguay y para apoyar a los independientes de Move Gondomar.