El GOB Ibiza ha denunciado ante la Fiscalía las "negociaciones" entre el presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés, y alcaldes de diferentes municipios para "eludir la Ley vigente" y legalizar suelos desarrollados de forma ilegal en la Playa d'en Bossa y cala Tarida, en Sant Josep de sa Talaia, que han sido declarados rústicos (Área de Protección Territorial de Costa) por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

En un comunicado, el GOB consideró que Tarrés y los alcaldes implicados podrían haber cometido los delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y prevaricación, después de que negociaran la elaboración de una Ley "singular", cuya tramitación sería encargada "a medida" al Parlament, "aprovechando la mayoría parlamentaria de la que disponen los partidos vinculados a las personas involucradas".

Así, indicó que en esta normativa se pretende incluir la zona rústica de ses Variades, en el término municipal de Sant Antoni de Portmany, con el fin de que sea reconocida una "inexistente condición urbana" y, de esta manera, se pueda proceder a su desarrollo urbanístico, a pesar de que su clasificación "ilegal" en el Plan Territorial Insular "originó la imputación del ex-conseller de Presidencia y alcalde de la citada localidad, Sala Torres, y de la ex-consellera de Vías y Obras, Maria Estrella Matutes.

La organización ecologista censuró que las negociaciones entre Tarrés y algunos alcaldes para construir en suelo rústico "no tendría en cuenta la existencia de infracciones urbanísticas no prescritas; ni la existencia de denuncias, que han sido totalmente obviadas; ni la obligación legal de los alcaldes de perseguir las infracciones urbanísticas; ni la existencia de una sentencia judicial que obliga al Consell Insular a considerar rústicos los terrenos afectados".

"Corresponde a los planeamientos urbanísticos municipales la clasificación del suelo de acuerdo con aquello que esté establecido en la normativa vigente y aquello que haya quedado establecido por sentencias judiciales", recordó el GOB, que recalcó que la inclusión por el planeamiento de suelos rústicos como 'urbanos a la carta' sería constitutivo de un delito de prevaricación.

Así, reprobó que con la aprobación de una Ley "a medida" en la Cámara balear se pretende es "dar cobertura legal a los alcaldes y al presidente del Consell de Ibiza para eludir posibles responsabilidades penales para la aprobación de instrumentos de ordenación, como las Normas Subsidiarias, con calificaciones de suelo ilegales.

"norma inconstitucional"

De esta manera, indicó que Tarrés y los alcaldes implicados, "amparados por ley, eludirían cualquier condena por prevaricación, aun cuando esto supondría la aprobación, por parte del Parlament de una norma inconstitucional".

En este sentido, el GOB remarcó que la tramitación de leyes "a medida" supone el "más frontal ataque posible" al Estado de Derecho y "vulnera de forma flagrante la igualdad que debe existir entre todos los ciudadanos ante las leyes, porque mientras a unos se les aplican, a otros se las hacen a medida".

Además, recordó que una de las promesas del programa electoral del PSOE-EXC en Ibiza fue, precisamente, "acabar con las leyes a medida que se habían aprobado durante la legislatura anterior".

Finalmente, la entidad ecologista estimó "totalmente incomprensible" que con la situación de "precariedad" en la que se encuentra el Govern, debido a la "corrupción urbanística", el presidente, Francesc Antich, "pueda admitir que para la isla de Ibiza, esta lacra sea amparada mediante decretos-leyes emanados del Parlament y avalados por el partido político al que pertenece".