La sentencia del tribunal madrileño, que estima así el recurso que la Junta interpuso en 2004 para blindar el Archivo de la Guerra Civil Española, es esgrimida ahora por la titular de Cultura de Castilla y León para demostrar que el camino jurídico emprendido en su día por la Administración regional era "el correcto" y que con él, dado el carácter de BIC del edificio y de su contenido, nunca tuvo que llevarse a efecto la salida de fondos y su traslado a la Generalitat de Catalunya.

Por tal motivo, y a falta de calibrar la "trascendencia jurídica" que el fallo entraña para los documentos ya enviados a Catalunya, Salgueiro, en declaraciones a Europa Press, subrayó la necesidad de evitar, de inmediato, una nueva salida de fondos, de ahí las dos cartas que mañana mismo se harán llegar a la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, y a la subdirectora del Ministerio y, a su vez, presidenta del Patronato del Centro de la Memoria Histórica, al objeto de anular el acuerdo de dicho órgano, de 12 de mayo, en virtud del cual se autorizó un nuevo envió a la Comunidad catalana.

"Pedimos celebrar una sesión extraordinaria del patronato para, por un lado, dejar sin efecto aquel acuerdo y, por otro, para que se den las órdenes oportunas a la directora del Archivo para que impida cualquier salida de fondos", aclaró la titular de Cultura de Castilla y León, quien, dado que el fallo del TSJM es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, abogó por que las pretensiones de la Junta sean atendidas hasta que la polémica sea dirimida definitivamente en vía judicial.