El Comité de UGT-A, máximo órgano entre congresos, planteó una serie de medidas alternativas al paquete de medidas que el Gobierno había anunciado para el plan de ajuste, entre las que pidió la creación de un impuesto a los depósitos de entidades financieras, además de suprimir las horas extraordinarias y servicios extraordinarios en la Administración de la Junta.

El Comité de UGT-A se reunió el pasado día 21 de mayo para analizar la situación económica y social en la que se encuentra Andalucía y aprobó un documento de propuestas sindicales alternativas a las medidas de reducción del déficit y salida de la crisis, con medidas de carácter global, nacional y para la Comunidad.

En dicho documento, consultado por Europa Press, el sindicato lamentó que la respuesta del Gobierno del Estado sea "hacer recaer el peso de las medidas del plan de ajuste sobre los trabajadores y no aparezcan medidas dirigidas al esfuerzo fiscal y reforma sistema financiero, principal responsable de esta situación".

En ese sentido, consideró que la Junta "no debía seguir la misma senda que el Estado", ante lo que propuso un paquete de medidas "que además de actuar sobre el sistema financiero también inciden en como ingresar más y como gastar menos, manteniendo los programas públicos de empleo y la inversión publica".

De esta forma, desde la perspectiva financiera, UGT-A consideró "imprescindible" en Andalucía la adopción de una serie de medidas, como "impulsar el Banco Europeo de Finanzas como entidad de carácter público-social; concluir el proceso de fusión de cajas de ahorros andaluzas; puesta en funcionamiento del Instituto Andaluz de Finanzas; establecimiento de formulas público-privadas entre las cajas andaluzas y la Junta para el desarrollo de las infraestructuras y la inversión productiva; y regular los sueldos, dietas y dádivas de los directivos y miembros de los órganos de administración y dirección de las cajas, sus fundaciones y sociedades".

Asimismo, entre las medidas para que la Junta pueda aumentar su capacidad de generar ingresos en Andalucía, UGT-A propuso "crear un impuesto a los depósitos de las entidades de crédito; revisar al alza el impuesto de residuos radiactivos; revisar al alza las tasas y precios públicos referidos al juego, a la caza, a las embarcaciones de recreo, puertos deportivos; o crear un impuesto sobre la utilización de bolsas de plástico".

Además planteó "eliminar cualquier tipo de reducciones y bonificaciones en el tramo autonómico sobre los impuestos cedidos, esto es, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados o impuestos especiales, con la excepción de aquéllas que contribuyan a la creación y mantenimiento del empleo".

Apostó asimismo por "diseñar una estrategia contra el fraude fiscal desde la Agencia Tributaria de Andalucía en colaboración con la Agencia Tributaria estatal; establecer planes de actuación entre la Inspección de Hacienda y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía para hacer emerger la economía sumergida; gestionar los recursos patrimoniales improductivos de la Junta de Andalucía que no deban ser afectados al uso de los servicios públicos andaluces; e incrementar el IRPF a las rentas más altas en el tramo autonómico del impuesto".

Con respecto al recorte del gasto, UGT-A consideró que "es posible gastar menos en el ámbito de la Administración pública andaluza, con la puesta en marcha de medidas dirigidas a la reestructuración y racionalización de la Administración instrumental, paralizando la creación de agencias y otras estructuras hasta no culminar la medida; una racionalización de la estructura de la Junta existente fuera de la comunidad autónoma; eliminar estructuras paralelas y con igual o parecido nivel de competencias; dar efectividad a las estructuras de la Administración General de la Junta, para ponerla a pleno rendimiento, rescindiendo los conciertos innecesarios".

Asimismo, abogó por la "supresión de horas extraordinarias y servicios extraordinarios en la Administración; estudiar la participación pública en empresas ruinosas, prestando atención especial a las empresas participadas y aquellas cuyo mayor volumen de facturación está en la Administración; aplicar una reducción del 10 por ciento en los capítulos II, IV y VII del Presupuesto de la Junta de Andalucía, es decir, reducción y eficiencia en el gasto corriente, en las transferencias corrientes y en las trasferencias de capital".

UGT-A pidió la "suspensión de los programas cuya ejecución no sea estrictamente necesaria y que no afecten a la creación de empleo", además de la "eliminación o reducción de las externalizaciones de servicios de la Administración".

Demandó además que "se regulen las aportaciones de la Consejería de Empleo a las prejubilaciones, ciñéndolas a aquellos casos en los que no quepan otras alternativas de salida laboral; una limitación de las retribuciones y otros conceptos compensatorios para el personal de la Administración instrumental excluido de los convenios colectivos; y establecer un sistema de trazabilidad para las ayudas, incentivos y subvenciones públicas de carácter finalista, con objeto de que se pueda garantizar que no se duplican y de que cumplan los objetivos a los que van destinados, un sistema que deberá ser gestionado por un único órgano de la Administración autonómica".

Apuesta por el empleo

UGT-A defendió los planes públicos de empleo y la continuidad de la inversión pública por su incidencia en el mantenimiento y creación de empleo y propuso una serie de actuaciones para dinamizar el empleo.

Entre esas medidas, apostó por "garantizar los niveles de calidad de los servicios esenciales; revisar las prestaciones por dependencia, priorizando la prestación de servicios frente a la prestación económica".

Apostó por "priorizar con la máxima urgencia el desarrollo de las siguientes medidas del VII Acuerdo de Concertación Social, revisando la Estrategia para la Competitividad de Andalucía, garantizando el desarrollo de medidas concretas destinadas a la generación y mantenimiento de empleo estable, reformular los planes Proteja y Memta y ponerlos en marcha de forma urgente y eficaz; impulsar planes de empleo desde lo público; y potenciar fórmulas de colaboración público-privada en lo referente a infraestructuras".

UGT-A consideró que los recortes no pueden afectar a los gastos sociales, y en este sentido exige a la Junta de Andalucía que mantenga los niveles comprometidos de recursos destinados a las partidas sociales, y en relación con la aplicación de la Ley de Dependencia, consideró que los recursos que transfiere el Estado a las comunidades autónomas "deben ser asignados en función del nivel del gasto reconocido y el número de personas beneficiarias".

Medidas nacionales

Asimismo, entre las medidas nacionales, UGT-A propuso medidas relativas al sistema financiero, entre ellas promover la creación de una agencia europea de calificación de riesgo, implantar un impuesto a los bancos en proporción al tamaño, o implantar un impuesto a los bancos por las ganancias y bonificaciones.

Otras medidas nacionales propuestas por el sindicato van encaminadas a aumentar la capacidad del Estado para generar ingresos, entre ellas impulso de reformas en el sistema impositivo "para paguen más los que más tienen", restablecer el Impuesto de Patrimonio, reformar el Impuesto de Sociedades, haciéndolo progresivo, reformar el IRPF o crear un impuesto especial progresivo, de carácter temporal, a las rentas del trabajo y patrimonio superiores a 5.000 euros mensuales.