El BNG considera que la alcaldesa de la localidad ourensana de Porqueira, Susana Vázquez Dorado, puede haber incurrido en sendos delitos de prevaricación y otro de malversación de fondos públicos, tras dos sentencias que condenan a este Ayuntamientos a pagar un total de 30.000 euros.

El senador del BNG y portavoz del grupo nacionalista en Porqueira, Xosé Manuel Pérez Bouza, compareció hoy en una rueda de prensa acompañado por los ediles Roberto Corderil, Epifanio López y Evaristo Durán.

En su intervención, Pérez Bouza explicó que el Ayuntamiento de Porqueira fue condenado a través de dos sentencias judiciales firmes a pagar un total de 30.000 euros. La primera de ellas relativa a una obra que se realizó en la población de A Forxa, que era "considerada ilegal por un vecino" que alertó a la institución municipal.

De hecho, el senador nacionalista apuntó a que dicho vecino llevó el caso a los tribunales al hacer la alcaldesa "caso omiso" y, por lo tanto, haber incurrido en "dejación de funciones al ser conocedora de que era una obra ilegal". Por estos hechos, el Ayuntamiento de Porqueira fue condena a pagar una sanción de 9.000 euros.

La segunda sentencia es consecuencia, según Pérez Bouza, de un "despido de un trabajador fijo del Ayuntamiento que era agentes de desarrollo local por parte de la alcaldesa" para "contratar en su lugar" a "una hija de un ex concejal del PP".

Pérez Bouza consideró que en este caso la nueva contratación se efectuó para "pagar favores electorales" ya que el padre de la contratada "es destacado militante del PP" y "ha manifestado públicamente que aportó dinero para pagar actos electorales del PP en Porqueira"."RECHAZABLE"

Además, Xosé Manuel Pérez Bouza calificó de "rechazables" las dos acciones de la regidora municipal "que costarán a las arcas municipales 30.000 euros" o "lo que es lo mismo" supondrán "30 euros por vecino porque somos mil" en una situación de crisis económica.

Los nacionalistas consideran que Vázquez Dorado pudo haber incurrido en un delito de prevaricación en ambos casos, ya que en "en las obras sería por omisión" y en la contratación sería "una prevaricación directa" porque "la alcaldes toma la decisión de despedir a un trabajador fijo sabiendo que es ilegal y que le va a costar dinero al Ayuntamiento para beneficiar a una tercera perdona por un relación partidista que tiene con ella".

Asimismo, consideraron que la malversación de fondos públicos está en el montante económico de ambas sentencias, y que supondrán "utilizar recursos del Ayuntamiento que no van a beneficiar a los vecinos".

En este sentido, el senador del BNG se dirigió al presidente del PP de Ourense y al del PPdeG, Manuel Baltar y Alberto Núñez Feijóo respectivamente y les preguntó si consideran que la actuación de la alcaldesa de este municipios ourensano es "ejemplo de buena gestión, eficacia y austeridad" en un momento de "extrema dificultad".FISCALÍA

Pérez Bouza aseguró que los servicios jurídicos del BNG se encuentran "estudiando" las dos sentencias judiciales para determinar si existen "indicios claros" de "prevaricación o malversación de fondos públicos".

En este sentido, apuntó a que de haberlos podrían acudir a la Fiscalía o al juzgado, aunque el senador nacionalista matizó que no son partidarios de "judicializar la vida política".