La acusada Elsa Graciela Miñán reconoció hoy, en el marco de un nuevo juicio celebrado dentro otra pieza del caso Andratx, la número 3, que en 2002 inició sin licencia junto a su marido la construcción de una vivienda en una parcela ubicada en un Área Natural de Especial Interés (ANEI) tras adquirirla en 1999, pese a aseverar que nadie les advirtió de que estaban incurriendo en un delito urbanístico.

Durante la vista llevada a cabo en el Juzgado de lo Penal número 4, Miñán, quien llegó a una conformidad con Fiscalía y acusación particular, que solicitan ahora contra la imputada seis meses de prisión -frente a los 24 anteriores-, doce meses de multa y seis meses de inhabilitación para la construcción de inmuebles, además de la demolición de lo construido, recordó que la persona que les vendió el terreno por siete millones de pesetas, el fallecido Gabriel Bennàsar, les dijo que para construir en él "había arreglo, y no sabíamos que había que pedir licencia".

Tal y como aseguró ante el magistrado Juan Manuel Sobrino y el fiscal anticorrupción Juan Carrau, fue a raíz de la apertura en 2003 de un expediente de infracción urbanística por parte del Consell de Mallorca cuando efectuaron un proyecto de legalización, para lo cual la Institución insular les dio dos meses de plazo. Así las cosas, se pusieron en contacto con el arquitecto Pedro Pablo Vaquer -también acusado- para llevar a cabo los trabajos que permitieran la obtención de la correspondiente licencia.

"El Ayuntamiento estaba al tanto de todo y finalmente nos concedió el permiso", recalcó Miñán, quien aseveró que fue un empleado de la empresa de Vaquer quien fue a visitar la parcela para averiguar su estado anterior antes de la construcción de la vivienda y hacerlo constar así en la documentación a entregar al Consistorio. Según Fiscalía y acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento 'andritxol' a través del letrado Josep de Luis, postulan la inexistencia de una vivienda anterior que pudiera permitir su reforma.

Por su parte, el marido de Miñán, Juan Carlos Menéndez, quien declaró como testigo tras serle retirada la acusación que pesaba sobre él, manifestó que "nos fiamos de quien nos la vendió en base a lo que ya había en la parcela", defendió a preguntas del fiscal. El testigo afirmó, en referencia a las construcciones existentes, que una parte estaba techada y que se trataba de un espacio único. "Intuímos que hubo chimenea en algún momento y en cuanto al baño, en viviendas típicas rurales no había", dijo.

Además, negó que hubiera agua corriente porque la parcela no era urbanizable, aunque sí existía un aljibe. Sin embargo, pese al proyecto de legalización presentado en su día para avalar la existencia de una vivienda anterior, reconoció que tal y como se encontraban los restos existentes antes de construir el inmueble unifamiliar "decididamente no hubiéramos entrado a vivir". En cualquier caso, recordó que Vaquer vio la parcela cuando la vivienda "ya estaba finalizada y no creo que tuviera posibilidad de decidir si se había procedido bien".

"había indicios evidentes de que existía una vivienda anterior"

Sobre este extremo, Vaquer, para quien las acusaciones también solicitan seis meses de cárcel, se mostró convencido, en base a las fotos que vio de la parcela ya que "yo personalmente no fui, sino mi delineante de confianza", de que "había muchos indicios evidentes de que había existido una vivienda, como muros de gran antigüedad, una chimenea de vivienda típica de montaña, un aljibe y una altura suficiente, además de un techado". Incluso llegó a afirmar que se encontró "con una especie de caseta próxima que me llevó a pensar que era el baño".

El acusado, quien cobró unos mil euros por los servicios que ofreció al matrimonio, negó que la construcción de la nueva vivienda "hubiera triplicado" la extensión anterior y aseveró que "todo mi saber profesional llevaba a pensar que los muros eran anteriores a 1956". "No me explico que se haya incoado un expediente porque no engañé a la administración", enfatizó el acusado.

Ya en el turno de intervención de los testigos, el asesor jurídico de Andratx cuando se solicitó la licencia de reforma y ampliación, Jacobo Rodríguez Miranda, explicó que emitió dos informes, el primero de ellos favorable ya que entonces no conocía que "la preexistencia de la anterior vivienda no era tal, sino que se trataba de una caseta de aperos". "Si entonces hubiera sabido de la existencia de un expediente de infracción hubiera emitido un informe desfavorable", aseveró.

En contra de lo manifestado anteriormente, otra de los testigos que compareció en el juicio, Margarita T., recordó que fue a ver la parcela en 1999 junto a su vendedor, Gabriel Bennàsar, y allí "no había nada", manifestó de forma rotunda. "A mí esto ni me va ni me viene, digo lo que he visto y lo único que había era un pinar", incidió la testigo, quien recordó que Bennàsar compró el terreno "porque tenía cabras por allí" y lo vendió un mes después a Miñán y Menéndez "como negocio, era una trama que tenía él", sentenció.

Cabe destacar que éste es el quinto juicio celebrado dentro del caso Andratx, cuya complejidad provocó la apertura de un total de 74 piezas separadas -de las cuales hay dos que están acumuladas, por lo que se reduciría a 73). De todas ellas, se ha dictado sentencia en cuatro (56, 32, 12 y 62), hay pendientes de juicio otras tres y en otras cuatro ya está finalizada toda la instrucción, mientras que se han decretado un total de 18 sobreseimientos firmes y uno provisional.