Así mismo, en la moción se recoge otro apartado —que también salió adelante con los votos de IU, PSOE y PAR— en el se considera que los contenidos concretos del real decreto ley, por el que se adoptan medidas extraordinarias que impiden el endeudamiento de las entidades locales a largo plazo, "suponen un grave ataque a la autonomía municipal y la capacidad de las entidades locales que ya sufren un reparto injusto del monto total del dinero público del Estado".

Esta moción recogía un primer apartado, que fue retirado a petición del consejero municipal de Economía, Hacienda y Régimen Interior, Francisco Catalá, y que pedía al Gobierno de España iniciar los trámites necesarios para eliminar del real decreto ley, independientemente de su convalidación por el Congreso de los Diputados, cualquier cláusula que prohíba las operaciones de endeudamiento a largo plazo de las entidades locales.

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, volvió a explicar que el gabinete jurídico del Ayuntamiento dará respuesta, al argumentar que "es obvio que no hay posibilidad de recurso directo de inconstitucionalidad". Precisó que "si hay posibilidad de acceder mediante las órdenes ministeriales y se puede plantear cuestión de inconstitucionalidad" con la finalidad de elevarlo al Constitucional para que este Tribunal "opine" y "es una forma indirecta de actuar que ya dirán los servicios jurídicos".

El portavoz del grupo municipal de IU, José Manuel Alonso, justificó la presentación de esta moción de urgencia diciendo que el real decreto ley "recoge medidas extraordinarias para la reducción del gasto público, entre las que finalmente se han incluído novedades, incluso más restrictivas de las anunciadas", en referencia a la imposibilidad de los ayuntamientos de solicitar créditos a largo plazo desde el momento de la publicación en el BOE.

Alonso argumentó que aunque luego fue rectificada la fecha para aplicarse a partir de enero de 2011, "ha agravado la sensación de improvisación constante y ha causado un profundo malestar en todos los ayuntamientos".

Catalá subrayó que el equipo de Gobierno de Zaragoza "siempre ha dicho que nos interesa defender la ciudad y nadie nos ha dado lecciones de reivindicar esta ciudad como cuando nos han tocado la autonomía municipal".

La única medida no evaluada en el decreto es la imposibilidad de los ayuntamientos de acudir al crédito. "No nos gusta que se nos trate como a una administración menor tutelada", enfatizó Catalá. Los servicios jurídicos estudiarán el desarrollo posterior "por si se conculca la autonomía municipal y es susceptible de ser recurrido". Antes de concluir, el consejero de Economía quiso dejar constancia que "es la única medida, que no siendo económica, conculca la autonomía municipal".