Las Corts Valencianes rechazaron hoy en el pleno la enmienda a la totalidad presentada por Compromís al proyecto de ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, norma que, según la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, implica una revisión "profunda y cualitativa de la función pública valenciana" y persigue crear una administración pública singular, servicial, profesional y humana.

A su juicio, configura un "modelo propio, profesional, que apuesta por ofrecer servicos publicos de calidad" y soluciones "innovadoras" para asumir los retos del siglo XXI. Asimismo, se pretende lograr "una mayor profesionalización del personal" con el abandono de la "lógica de presencialismo en pos de una orientada los resultados".

También destacó que incorpora el Consejo asesor de la Función Pública Valenciana, el Consejo Interdepartamental de retribuciones e introduce la figura del personal directivo público profesional y la estructuración de los funcionarios en Cuerpos, Escalas y Agrupaciones Profesionales. En total, serán 104 cuerpos y 94 escalas.

Igualmente, afirmó que es una ley pensada en la configuración de la Administración valenciana del siglo XXI "ágil y eficaz, al servicio de los ciudadanos".

Requisito linguistico

Por su parte, el parlamentario de Compromís, Josep María Pañella, indicó que el Consell busca "contínuamente el control" y pierde "el tren de la profesionalidad" y lamentó que la consellera apelara al futuro cuando la tendencia es "ir a la temporalidad pública del XIX". También criticó que no se incluya en el texto el requisito lingüístico para acceder a esta carrera profesional.

El diputado socialista Joan Ignasi Pla indicó que los socialistas comparten la oportunidad del momento de la ley y el espíritu del proyecto, por lo que no apoyarán la enmienda a la totalidad, aunque hay elementos que deben ser "mejorados", como la función consultiva.

También reclamó que se haga "un esfuerzo para profundizar en la exigencia del conocimiento del valenciano" para acceder a la administración, por lo que instó a que no se pierda la oportunidad de aprobar el texto por una parte importante de la Cámara.

El parlamentario de Esquerra Unida Lluís Torró indicó que no apoyan la enmienda a la totalidad pero advirtió al PP de que no es "un cheque en blanco" a la ley, por, entre otras cuestiones, la "insuficiente garantía del uso del valenciano" por la negativa a incluir el requisito lingúístico.

El diputado del PP, Vicente Soria, lamentó que mientras el Consell intenta mejorar la función pública con esta norma, el Gobierno Central "ha puesto en la diana" a los funcionarios "haciéndoles víctimas de sus errores", algo que muestra "la diferencia entre los gobiernos qe trabajan para resolver los problemas de los ciudadanos y por quienes actúan de espaldas a los intereses generales".

La entrada en vigor de esta ley afectará directamente a los 17.000 empleados públicos de la Administración del Consell y a cinco millones de ciudadanos que son usuarios de la misma. Además, beneficiará a unos 190.000 empleados públicos de toda la Comunitat.

Según explicó la consellera, el conjunto de medidas que se plantean con esta norma están orientadas a la consecución de una mayor profesionalización del empleo público, que redunde en beneficio de la ciudadanía, para lo que se diseñará un modelo de promoción que valore la conducta y actuación profesional y de un sistema de formación acorde con estos planteamientos.

Además, se elevan a rango de ley medidas de carácter social, como una reserva para personal discapacitado de un 7 por ciento de las plazas vacantes (antes 5 por ciento), la protección de las víctimas de violencia de género o elaboración de planes de igualdad entre hombres y mujeres.

Asimismo, se establecen medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, tales como la ampliación de dos a tres años del período de reserva de puesto en la excedencia por cuidado de familiares o el estudio para la implantación del teletrabajo. También se reconoce el derecho de la mujer a su protección o a la asistencia social integral mediante la regulación del traslado por violencia de género.