La lucha contra la evasión fiscal y el recorte del gasto público constituyen dos de los ejes principales del plan de austeridad aprobado por el Consejo de Ministros italiano que prevé un ahorro de 24.000 millones de euros entre 2011 y 2013.
Un plan con el que Italia se une a otros países europeos como España, Reino Unido, Portugal o Grecia en su objetivo de reducir su déficit y relanzar sus economías, con el fin de devolver la confianza a los mercados.
Las medidas aprobadas después de 85 minutos de deliberaciones fijan un ahorro de 24.000 millones, una cifra con la que se pone fin a dos semanas de indiscreciones en las que los medios de comunicación italianos llegaron a apuntar unos ajustes presupuestarios de 28.000 millones.
En un comunicado de prensa emitido tras la reunión, la presidencia del Gobierno subrayó que el objetivo de estas intervenciones es el de llevar el déficit público hasta un nivel inferior al 3% en 2012, aunque no se precisaron más datos sobre las intervenciones.
Las medidas del plan
Los medios de comunicación difundieron un borrador del plan que se discutió en la reunión y que contempla, entre otras medidas:
- Congelación de los sueldos de los funcionarios a partir de este año, una situación que se alargará hasta 2013.
- Intervención para permitir un retraso en el acceso a la jubilación.
- Endurecimiento de los requisitos para tener acceso a las pensiones de invalidez.
- Recortes para la financiación de los partidos y ministerios.
- Aumento de los impuestos sobre las llamadas Stock-Options, los derechos de compra sobre las acciones que tienen los directivos de las compañías.
- Recorte del 5 y al 10% de los sueldos superiores a 90.000 y 130.000 euros.
Reino Unido también se ajusta el cinturón
El Gobierno británico presentó también un plan de recortes del gasto público el pasado lunes, con el objetivo de reducir el déficit del país en 6.250 millones de libras (unos 7.125 millones de euros).
Los recortes afectan especialmente al área de informática del Gobierno, así como a los capítulos relativos viajes de funcionarios públicos, ayudas financieras para los recién nacidos y a los asesores externos financiados por la Administración pública, así como a los ministerios de Educación, Transporte y Trabajo y Pensiones.
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