Los portavoces de CC.OO. Ensino, FETE-UGT y STEG ven "difícil no acudir a la Justicia" ante el nuevo decreto del plurilingüismo en la enseñanza no universitaria, publicado hoy en el DOG. A pesar de ello, condicionaron la presentación de un recurso al informe de sus respectivos asesores jurídicos y a la decisión de sus ejecutivas.

Por el momento, la CIG-Ensino fue el único sindicato que confirmó la presentación de un recurso contencioso-adminsitrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra el nuevo decreto 71/2010, que mañana entra vigor tras su publicación en el DOG. Así, Anxo Louzao consideró la norma "un atentado" contra el gallego y una "desobediencia" al dictamen del Consello Consultivo de Galicia.

Por su parte, el portavoz de Ensino Público de CC.OO. en Galicia, José Fuentes, explicó en declaraciones a Europa Press que su organización convocó este jueves el comité ejecutivo, donde se "valorará que hacer respecto al decreto" y "si tiene viabilidad un recurso" ante la Justicia.

"La vía jurídica, que es la que vale, tiene que ser valorada", señaló Fuentes, quien no descartó "más movilizaciones" y criticó, "a nivel particular", que la Consellería de Educación "está incumpliendo la Ley de normalización lingüística" con la nueva norma.

Por parte de FETE-UGT, Marcelino Brea señaló que mañana se celebrará una reunión para "sacar una conclusión" respecto a las próximas medidas que tomarán, aunque ve "bastante difícil no acudir a la Justicia".

"Me remito al estudio que presentamos en diciembre. Una propuesta de 18 enmiendas", recordó Brea, tras considerar que su organización "no estaba equivocada en su dirección" al ver "desacertada" la consulta vinculante a las familias, que fue retirada de la redacción final del decreto.

El responsable de Acción Sindical de STEG, Xosé Cabido, confirmó a su vez que su organización "presentaría ese recurso" en caso de que sus asesores jurídicos observen "fundamento". En concreto, ve "vías de recurso" en la elección de la lengua materna por parte de los padres en educación infantil y "en el tema de la progresividad" del gallego establecida en la Ley de normalización, "que incumple" este decreto.

"desautoriza al profesorado"

Por el contrario y aunque descartó "la vía judicial", el presidente de ANPE-Galicia, Julio Díaz, advirtió de que la introducción de la consulta y la participación de las familias sobre el idioma en la próxima Ley de convivencia en los centros supondrá que la norma "salga mal parida".

"La ley de convivencia no es el lugar idóneo para meter la cuestión del idioma, llevará a enfrentamientos", lamentó Díaz, tras entender que "buscar atajos para que esa consulta se lleve adelante" supone "desautorizar al profesorado y desautorizar a la administración".

"No entendemos que se introduzca el tema por el que la autoridad docente va a quedar pisoteada en la ley que pretende devolver autoridad al docente", concluyó.