Según informó hoy a Europa Press el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Baleares, Aurelio Martínez, el sindicato actuará por medio de dos vías. En el ámbito de Baleares, UGT-Illes Balears impugnará las ordenes de nómina que la Conselleria de Economía y Hacienda emitirá para aplicar el Decreto Ley que recoge la bajada salarial de los funcionarios. En el ámbito estatal, el sindicato presentará un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra el plan de ajuste.

Martínez explicó que la rebaja salarial de los funcionarios es una medida ilegal porque pretende aplicarse con carácter retroactivo, algo que la Constitucional española prohíbe en su artículo 9.3 que garantiza el principio de legalidad y la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos.

De esta manera, además de la rebaja del 5 por ciento que se aplicará a los funcionarios a partir de junio, se suma el cinco por ciento de descuento de las nóminas de los seis primeros meses del año, que se extraerá de la paga extraordinaria de diciembre.

El sindicalista precisó que la retroactividad de esta norma supondrá que, en la práctica, los funcionarios tengan un 10 por ciento menos de su salario en lo que resta de año.

Asimismo, UGT considera que esta medida supone un agravio comparativo puesto que no afecta a todos los trabajadores de la función pública, sino a colectivos concretos. De hecho, Martínez apuntó que el propio Decreto Ley excluye a los trabajadores de algunas empresas públicas como Renfe o Aena.

Además, el sindicato afirma que esta medida va contra el EBEP que marca que "el Gobierno en momentos de crisis puede anular los acuerdos, pero nunca rebajar los salarios públicos", indicó.

Por todo ello, precisó que los servicios jurídicos de UGT están preparando los recursos que interpondrán "en próximas fechas" contra el plan de ajuste, señaló Martínez. El sindicato apuntó que "estas medidas se adoptan sin el menor respeto al derecho a la negociación colectiva amparado por el artículo 37 de la Constitución que establece la fuerza vinculante de los convenios pactados".