Así, según informó la Diputación en una nota, este proyecto pretende ofrecer a los ciudadanos la realización a través de internet de trámites habituales, como por ejemplo presentación a través de Registro Telemático de escritos y documentos, gestiones relacionadas con el Padrón de habitantes —solicitud de certificado de empadronamiento, de residencia—, con los tributos o con el urbanismo, como petición de licencia de obra mayor, menor, licencia de primera ocupación.

De este modo, se amplia la atención al ciudadano y a la empresa a 24 horas al día los siete días de la semana y, también, promover el uso de las nuevas tecnologías con el fin de mejorar la relación entre los ciudadanos y los ayuntamientos".

Asimismo, desde el organismo provincial indicaron que se conseguirá reducir las exigencias de atención directa en ventanilla y los tiempos de espera de los ciudadanos, así como se facilitará el seguimiento telemático de las distintas gestiones iniciadas por éstos.

Para los empleados de las entidades locales, los objetivos pasan por crear un catálogo de procedimientos que incluirá el rediseño de los mismos, la simplificación administrativa, el modelado mediante una herramienta gráfica de diseño de flujos procedimentales, la normalización de estilos y documentos, la construcción del código asociado a los procedimientos y despliegue en la plataforma de tramitación y la elaboración de toda la documentación que constituirá el catálogo normalizado de procedimientos administrativos de cada uno de los ayuntamientos participantes.

Tras el verano, se pondrán en marcha la segunda y tercera fase de este proyecto, que se centrarán en nuevos grupos de ayuntamientos, concretamente de entre 500 y 2.000 habitantes y de menores de 500.

Con este proyecto, se pretende también la adaptación de las entidades locales de la provincia a la Ley 11/2007 de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que establece que la relación con las administraciones públicas por medios electrónicos es un derecho de los ciudadanos y una obligación de las administraciones.

El acceso al servicio no deberá tener más requisitos que el uso de un navegador y estar en posesión de cualquier certificado digital reconocido en el territorio español o del DNI electrónico que se encuentre vigente.