UPyD celebra la decisión de Barreda y exige más medidas para disminuir el "elevado" déficit

El Consejo Territorial de UPyD de Castilla-La Mancha celebra la reducción de consejerías que anunció hoy el presidente regional, José María Barreda, y exigió más medidas para disminuir el "elevado" déficit, siempre y cuando no supongan el recorte de los salarios de los empleados públicos.

En nota de prensa el partido valoró la supresión de Cultura, Turismo y Artesanía, de la Consejería de Presidencia y de la de Industria, Energía y Medio Ambiente, "lo que demuestra que las peticiones de la formación política iban bien encaminadas y de igual manera sus competencias se han asumido por consejerías ya existentes".

Pero UPyD consideró que esta reducción debería haber sido mayor que la realizada, y dijo echar en falta la remodelación de la Radio Televisión de Castilla-La Mancha, así como una disminución del presupuesto del ente público, y la eliminación del segundo canal de la televisión autonómica.

Esto supondría, según la formación que lidera Rosa Díez, la supresión de la gran mayoría de sus puestos directivos y la rescisión de los contratos con productoras externas, "con el fin de apostar por una televisión y radio donde primara una programación de servicio público y plural, para lo cual estaría al frente un periodista de reconocida trayectoria, elegido por el consenso de todos los partidos políticos con representación en las Cortes regionales, con el fin de que esté fuera de todo servilismo al ejecutivo regional como sucede hasta ahora con el actual director".

Otras propuestas que UPyD en la región plantea en su Plan de Racionalización de la Administración Autonómica, es disminuir en un 50% el número de asesores o personal eventual de la misma. Junto a esta medida también se recoge reducir de manera significativa, al menos en un 30% los puestos de libre designación como son las Direcciones Generales y las Jefaturas de Servicio.

Todas las medidas planteadas por UPyD de Castilla-La Mancha generarían un ahorro para las arcas públicas de más de un 25% en gasto publico, además de suponer una mayor eficacia en la prestación de sus servicios a los ciudadanos.

"Todo ello permitiría no bajar el sueldo a los funcionarios públicos, que ya han visto como perdían poder adquisitivo año tras año", finalizaron.

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