La Consejería de Obras Públicas y Vivienda valoró favorablemente las bases para crear los registros municipales de demandantes de viviendas protegidas presentadas por 561 ayuntamientos de la comunidad, mientras que las ordenanzas propuestas por otros 145 deberán corregir diversas anomalías, relativas en su mayoría a los criterios de selección, antes de recibir el informe positivo de la Junta.

El 58 por ciento (329) de los registros valorados por la Consejería seleccionará a los futuros adjudicatarios de inmuebles protegidos mediante el sistema de baremación, mientras que la modalidad del sorteo se aplicará en el 21 por ciento de los casos (120), mientras que el sistema de antigüedad en algo más del 15 por ciento (84).

Según indicó la Junta en una nota, estos registros constituyen una de las principales novedades de la Ley andaluza del Derecho a la Vivienda aprobada este año y se convertirán en el instrumento básico para determinar la demanda y conocer de manera exacta el número de solicitantes y cuántos inmuebles y de qué tipologías residenciales se necesitan en cada municipio.

Hasta el momento han presentado las ordenanzas para la creación de los registros 706 ayuntamientos andaluces, lo que supone casi el 92 por ciento de los municipios de la comunidad. Todos los municipios que integran las provincias de Almería y Cádiz cuentan ya con este preceptivo informe autonómico, mientras que en Córdoba han pasado por este trámite 68 localidades; en Granada, 151; en Huelva, 74; en Jaén, 95; en Málaga, 73, y en Sevilla, 99.

En Almería, de las 102 ordenanzas informadas han logrado el visto bueno 85; en Cádiz, de las 44 presentadas cuentan con la valoración positiva 40; en Córdoba, 57 de 68; en Granada, 112 de 151; en Huelva, 58 de 74; en Jaén 82, de 95; en Málaga, 49 de 73; y en Sevilla, 78 de 99.

Los procedimientos de baremación, sorteo y antigüedad son los más utilizados por los ayuntamientos para clasificar a sus ciudadanos interesados en acceder a una vivienda digna a precio razonable a través de esta nueva figura.

El 58 por ciento (329) de los registros valorados positivamente por la Consejería seleccionará a los futuros adjudicatarios de inmuebles protegidos mediante el sistema de baremación. La modalidad del sorteo se aplicará en el 21 por ciento de los casos (120), mientras que el sistema de antigüedad en algo más del 15 por ciento (84). El resto se ajusta a otros criterios de adjudicación, como cupos y sus posibles combinaciones.

Criterios de adjudicación

La baremación es un método objetivo que "elimina la arbitrariedad derivada de los sorteos y en el que la clasificación y el orden de los demandantes vienen definidos por la puntuación obtenida en los diferentes indicadores que miden la demanda, como los niveles de ingresos, la composición familiar o las necesidades de vivienda".

La mayoría de los ayuntamientos, además de estos criterios, también han incluido en el baremo otros aspectos a tener en cuenta como la vinculación laboral o la antigüedad en el padrón. En todos estos aspectos, la baremación permite priorizar a los colectivos con más dificultades, otorgando una mayor puntuación a los niveles de ingresos más bajos o a las composiciones familiares numerosas.

En el sistema de antigüedad el orden se fija por la fecha de la inscripción realizada por los demandantes. La modalidad del sorteo se aplicará en una versión más ordenada conforme a las preferencias y al perfil de los propios ciudadanos. En estos casos no se realizarán sorteos por promociones, sino que se aplicará este sistema a los demandantes con el fin de ordenarlos y clasificarlos por grupos.

La prioridad de cada cupo será fijada por cada ayuntamiento en función de los diferentes colectivos recogidos por el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, que otorga una especial protección a colectivos como jóvenes, familias numerosas y monoparentales, víctimas del terrorismo o de violencia de género y personas con discapacidad.

Casi la totalidad de esos registros se han confeccionado tomando como referencia el modelo de ordenanza que redactó la Asociación de Promotores Públicos (AVS), en colaboración con la Consejería de Obras Públicas, para facilitar y agilizar el trabajo a las corporaciones locales en su responsabilidad de organizar la demanda de vivienda protegida a través de esta figura, tal y como marca la Ley del Derecho a la Vivienda.

Hasta ahora, un total de 279 ayuntamientos han solicitado el alta para utilizar la herramienta informática que gestionará la base de datos de los registros. Con este programa los técnicos pueden comenzar a registrar las solicitudes de los ciudadanos. Este instrumento permite cruzar datos de distintas administraciones para comprobar que el aspirante a tener una VPO cumple efectivamente los requisitos.

Además, posibilita la tramitación telemática de las solicitudes de inclusión en el registro y el envío de mensajes de texto a los ciudadanos indicándoles si tienen que renovar su inscripción -que tiene una validez de tres años prorrogables- o si han resultado adjudicatarios de una vivienda protegida.