El director general de Familia, Hugo Muñoz, que ha presidido en Toledo la primera reunión de la comisión, ha destacado que Castilla-La Mancha dispone de una "amplia" red de atención a menores en situación de riesgo y a sus familias, tanto en el ámbito generalista como especializado, y ha dado un impulso normativo muy importante en los últimos años para mejorar su protección jurídica cuando están tutelados por el Gobierno regional, informó la Junta en nota de prensa.

La Comisión Regional de Coordinación de Protección de Menores es un órgano nuevo recogido en el Decreto de Protección Social y Jurídica de los Menores aprobado el año pasado por el Gobierno de Castilla-La Mancha y del que forman parte técnicos de la Consejería de Salud y Bienestar Social, Delegación del Gobierno, Fiscalía de Menores, Servicios Sociales municipales y Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha.

Sus principales funciones se refieren a diseñar estrategias conjuntas para actuar en materia de prevención y protección de menores que requieran la intervención de varias administraciones u órganos administrativos; informar de los protocolos de actuación que afecten a más de una administración; evaluar con ámbito regional los procedimientos de coordinación entre administraciones y proponer las acciones de mejora para optimizar su eficacia; estudiar casos de especial importancia o gravedad que le sean remitidos y asesorar en cuanto asuntos del ámbito de protección del menor sean sometidos a su consideración.2.500 PROFESIONALES

Cerca de 2.500 profesionales trabajan tanto en los dispositivos del primer nivel de atención y apoyo a las familias, que es la Red Básica de Servicios Sociales, con una importante labor de detección de problemas familiares o sociales que pueden afectar a menores, como en el segundo nivel que se presta desde recursos intermedios de carácter especializado, que tienen como objetivo solucionar los problemas que producen las situaciones de crisis y de posible riesgo, preservando la unidad familiar en los casos en que sea posible.

Todos estos recursos y programas llevan a cabo medidas de prevención para evitar la posible desprotección de los menores y además son gratuitos y de carácter voluntario para aquellos interesados que así lo deseen. En 2009, estos dispositivos atendieron a unos 33.000 usuarios. Su labor se complementa con la que lleva a cabo en el ámbito asistencial a través de las unidades de conductas adictivas o los recursos de salud mental en el área infanto-juvenil.

Por otro lado, Castilla-La Mancha cuenta con una normativa muy completa en materia de protección jurídica de los menores tutelados por la Junta de Comunidades, que recoge las recomendaciones hechas por el Defensor del Pueblo en su informe monográfico sobre protección de menores en España.

Están bajo tutela de la Administración regional un total de 1.047 menores, habiéndose llevado a cabo durante el año 2009 un total de 431 nuevas declaraciones de desamparo y asunción de tutela de menores.