Las familias de las últimas inquilinas de Astilleros exigen una "rectificación" al presidente del Puerto

Manuel Fernández cree "inmoral" que las familias de las ancianas permitan que vivan "en mitad de la nada"

Jorge Mora, uno de los abogados de las siete mujeres que aún habitan el barrio de Astilleros, creado en la Punta del Verde hace décadas para albergar a las familias de los retenes de emergencia de la industria naval, está promoviendo entre las seis ancianas y la mujer de aproximadamente 60 años que forma parte del colectivo un documento que ha de ser entregado en el registro de la Autoridad Portuaria de Sevilla para reclamar a su presidente, Manuel Fernández, que "rectifique públicamente" sus "injuriosas afrentas" a las familias de estas mujeres.

En declaraciones a Europa Press, Jorge Mora advirtió de que el presidente de la Autoridad Portuaria ha "vilipendiado" y ha "despreciado absolutamente la dignidad" de los familiares de estas seis ancianas y la restante mujer, al insinuar que tras las acciones judiciales emprendidas contra el desalojo de sus viviendas, propiedad de Astilleros Españoles S.A. pero levantadas en suelos titularidad del Puerto, se oculta un intento de "comerciar" con sus vidas para obtener beneficios económicos.

"Estas injuriosas declaraciones son una falta de respeto", dijo Mora, quien está promoviendo entre las mujeres, todas ellas viudas de antiguos trabajadores de la industria naval, un escrito que debe ser entregado a la Autoridad Portuaria al objeto de solicitar una "rectificación pública" a Manuel Fernández, quien había creído "inmoral que alguien tenga a su madre en esas condiciones, en mitad de la nada". "Si no tenemos una respuesta positiva, tendremos que ir a los Juzgados", dijo Jorge Mora, quien descartó que las ancianas vivan "abandonadas" poniendo el ejemplo de su propia madre, quien "quiere vivir allí, donde lleva los últimos 56 años".

De cualquier forma, dada la solicitud de suspensión cautelar del procedimiento de desahucio, elevada por la representación jurídica de las mujeres a la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Autoridad Portuaria ha paralizado provisionalmente el desalojo programado para el próximo 8 de junio en cuanto a estas siete viviendas, cuya propiedad ostenta la antigua sociedad Astilleros Españoles S.A. en suelos titularidad del Puerto.

El barrio de astilleros

Estas siete viviendas proceden de las barriadas creadas a finales de los años 40 y principios de la siguiente década por la empresa nacional Elcano, propietaria entonces de los astilleros de Sevilla. La barriada de Punta del Verde, en concreto, nació en suelos hoy adscritos a la Autoridad Portuaria para acoger a los trabajadores de un retén de emergencia para la industria naval.

Después de que en 2005 la antigua sociedad naval Izar, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entrase en liquidación para transformarse en Navantia con la venta de los astilleros de Sevilla a la iniciativa privada, un liquidador contratado a tal efecto comenzó en 2007 a negociar con los habitantes del barrio de Astilleros, en la Punta del Verde, la resolución de sus contratos de alquiler de renta antigua a cambio de una indemnización de 60.000 euros.

Liquidación de los contratos

No obstante, seis ancianas y una mujer de unos 60 años, todas ellas viudas de trabajados de la industria naval, no se acogieron a esta oferta y, mientras en junio de 2009 Astilleros Españoles S.A. liquidaba los contratos de alquiler cuyos titulares se habían acogido al acuerdo, estas siete inquilinas afrontan actualmente un desahucio administrativo promovido por la Autoridad Portuaria como propietaria de los suelos. La sociedad naval y la institución que preside Manuel Fernández, en ese sentido, dieron anteriormente extinta por caducidad la concesión administrativa relativa a estos terrenos.

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