Caamaño recordó que Castilla y León es una de las ocho comunidades en las que la justicia depende todavía del Estado, aunque "se trabaja en la negociación para cerrar el mapa de las transferencias".

En el caso de Castilla y León "el problema ya no es el económico", ya que los 132 millones de euros que pedía la Junta "han sido ya superados por los 134 que ofrece el Ministerio", aunque eludió señalar en qué aspectos de la negociación existen diferencias.

En cualquier caso, el ministro se mostró convencido de que el actual es "el momento más oportuno para la transferencia de las competencias", ya que la administración de Justicia se encuentra en pleno proceso de creación de la 'Nueva Oficina Judicial'.

"Dado que las comunidades pueden llevar a cabo una gestión más directa y próxima a las necesidades de los ciudadanos, parece lógico que el despliegue de la 'Nueva Oficina Judicial' lo desarrollan las autonomías", consideró.HUELGA

En este sentido, Francisco Caamaño se refirió a la huelga convocada por los funcionarios de justicia en Burgos el 26 de junio debido a los errores de funcionamiento del servidor informático en el que se basa la 'Nueva Oficina Judicial'.

"Que haya una caída del servidor es una buena noticia", afirmó rotundamente, "porque hasta ahora la justicia no había tenido servidor". También pidió que se considere que el sistema "está en pruebas y todos los cambios, en el momento de su inicio, presentan inconvenientes".SECRETARIOS

El ministro clausuró hoy en Palencia el Congreso de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y aprovechó para explicar que el sistema tradicional va a cambiar con la creación de servicios comunes en los que "40 ó 50 funcionarios trabajarán para varios juzgados", en lugar de la decena que actualmente desempeñan su función para un solo magistrado.

En este nuevo sistema, los secretarios judiciales, "tendrán una mayor responsabilidad, ya que van a tener que coordinar los servicios comunes y, por tanto, serán una pieza clave".

Algo que, reconoció, contrasta con la reducción salarial que van a sufrir por culpa del recorte del gasto público anunciado por el Gobierno, aunque Caamaño se mostró convencido de que los secretarios judiciales "sabrán conjugar esta realidad con la solidaridad que conlleva la situación hacia los que menos tienen".