Esta cifra procede por un lado de los 170 millones de euros de gasto que el Govern deberá contener y por tanto dejará de disponer de esta partida, y por otro, del cálculo resultante de la parte proporcional que corresponderá ahorrar a Baleares de la cifra global de 1.200 millones de euros que el Gobierno exige a todas las comunidades y ayuntamientos que ahorren. A Baleares le corresponde ahorrar unos 30 millones de euros.

Así, según Pelarda, la disminución del 5 por ciento de media del sueldo de todos los empleados públicos -unos 60.000, entre el 12 y 15% de la población activa- y la congelación de las pensiones contributivas, las dos medidas más polémica del plan del Gobierno, provocará una caída del PIB de la comunidad autónoma. Ayer, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ya admitió que las nuevas medidas aprobadas reducirán un 0,5% el crecimiento previsto por el Gobierno para el año 2011.

Un pronóstico que no coincide con lo expresado el pasado miércoles por el conseller de Economía, Carles Manera, quien manifestó que el Govern mantiene la previsión de crecimiento negativo del -0,9 por ciento para 2010, "pese a las medidas del Gobierno", enfatizó.

Sin embargo, para Pelarda, es "inevitable" que el PIB de la comunidad caiga, dado que la reducción del salario de los funcionarios supondrá una "caída del consumo de entre uno o dos puntos". Ello se traducirá en menos dinero circulando en el mercado y "a la fuerza repercutirá en una caída del crecimiento económico".

El dirigente sindical señaló que tras este tijeretazo lo único que queda es poder aprobar una reforma laboral adecuada, que permita "mejorar el mercado laboral" y "no reduzca derechos". ¿Cómo se hace eso?, se cuestionó Pelarda, y contestó: "A base de mejorar la negociación colectiva, evitar el fraude en la contratación, potenciar la empleabilidad de los parados, para aumentar sus posibilidades de encontrar trabajo, mejorar los servicio públicos de ocupación y reforzar la flexibilidad interna de las empresas, para que, por ejemplo, cuando haya menos demanda, se trabaje menos horas, en lugar de optar por echar a parte del personal".

Preparando la huelga general

En cualquier caso, UGT "ha puesto la maquinaria en marcha para convocar una huelga general", que seguirá a la convocada para el 8 de junio entre los empleados públicos. "Si luego llegamos a un acuerdo satisfactorio con el Gobierno sobre la reforma laboral, ya la desactivaremos, pero por el momento, trabajamos en el peor de los escenarios y es más fácil ralentizar el motor que arrancarlo de cero", concluyó Parlada.