El Gobierno de Cantabria ha iniciado acciones legales contra el buzoneo de una carta que simula apariencia oficial, utilizando la imagen corporativa del propio Ejecutivo en nombre de una Delegación Tributaria y de Recaudación de Impuestos inexistente, y pide a los contribuyentes dinero para sufragar las líneas ferroviarias de Alta Velocidad.

El Ejecutivo cántabro ha transmitido hoy un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos y ha advertido que ese escrito es "un engaño", motivo por el que ha presentado una denuncia para poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial, por un posible delito de injurias al Ejecutivo y falsificación de documento, según informó el propio Gobierno en un comunicado de prensa.

La misiva está firmada por una supuesta directora general que no existe, identificada como Inés Puente Carriles, y fechada en una dirección igualmente inexistente —calle Ave César—.

Además, facilita como teléfono de contacto el de la secretaría del consejero de Obras Públicas, donde se han recibido numerosas llamadas telefónicas de ciudadanos alarmados por el contenido, a los que ya se ha notificado su falsedad.

En concreto, el escrito señala que todos los cántabros en edad de trabajar tendrán que aportar más de 5.000 euros para financiar las obras del AVE y anuncia un procedimiento "absolutamente ficticio" para descontar esa cantidad en la declaración de la renta y las nóminas de trabajadores y pensionista, mientras que para los parados llega al extremo de asegurar que tendrán que suscribir un crédito libre de intereses para afrontar el pago.

Además de las acciones legales emprendidas en cuanto tuvo conocimiento de su existencia, el Ejecutivo ha hecho público el contenido de la carta para que todos los ciudadanos conozcan que carece de "toda credibilidad" y por supuesto de "cualquier respaldo oficial".