Con esta protesta, que sirve de antesala a la huelga general del sector público convocada para el 8 de junio, los tres sindicatos censuraron unas medidas que contemplan una rebaja de un 5 por ciento de media de las retribuciones del personal del sector público desde el próximo mes de junio y que se congelarán en 2011, la eliminación de la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir de 2011 y el recorte de los salarios de los cargos electos y altos cargos en un 15 por ciento.

Según indicó la secretaria general de trabajadores de la enseñanza de UGT en representación del sindicato, Gloria Pardillos, en declaraciones a los medios de comunicación, "las medidas afectan a lo que nosotros consideramos la parte más débil, es una agresión a los empleados públicos y a los pensionistas, son medidas de recorte social intolerables".

"No estamos dispuestos a soportar unas medidas doblemente injustas porque, primero, no inciden en el gasto en el que deberían incidir, sino en el gasto directo de pensiones y salarios, y, segundo, deberían centrarse en los ingresos", explicó.

Pardillos señaló que "es una medida fácil porque plantea la forma más fácil de conseguir los recursos necesarios, pero había mucho por hacer antes de llegar a esto, es la apertura de una espiral que consideramos profundamente peligrosa porque además no consideramos que ésta sea la forma de salir de la crisis y de reactivar la economía, que es de lo que se supone que se trata".

En referencia a la reunión que el Ejecutivo ha mantenido con los sindicatos en Madrid está mañana, Pardillos expuso que "no se nos ha aclarado nada, no se ha hablado de los tramos salariales, todo lo dejan a la salida del decreto y entendemos que merecíamos otro trato, se ha incumplido un acuerdo de la práctica congelación salarial, habíamos actuado con prudencia pero esto nos desborda y lo consideramos una agresión a los empleados públicos, además de un ataque a la dignidad de los trabajadores y de lo público".

El presidente regional de CSIF, Luis Güerri, explicó que "estamos haciendo un concentración como consecuencia de una situación gravísima: han roto la negociación colectiva, se nos ha colocado en una situación de desprestigio importante o se ha intentado, nos han robado la cartera y lo grave es que no sabemos hasta donde va a llegar, ni si ha terminado o no".

Además, Güerri criticó que "ocho días después" de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hiciera públicas estas medidas, "todavía no están escritas en ningún sitio, estamos en la más absoluta inseguridad jurídica, lo que es más grave que el problema en sí".

Güerri consideró que estas medidas son "un ataque a clases bajas y medias porque la carga de la deuda que en este momento tiene la nación la cargan a las espaldas de los más débiles y fáciles". "Tendrá que afilar el lapicero mucho para presentar un decreto que no llevemos a los tribunales, porque ni Zapatero ni nadie va a poder romper un decreto de presupuestos que tiene la duración limitada de un año", advirtió.

Agresión a los débiles

El secretario general de CC.OO. Aragón, Julián Buey, dijo "no entender" estas medidas "generales, que agreden a la parte más débil de la sociedad" ni tampoco "la agresión que supone para los trabajadores del sector público que se les meta la mano en el bolsillo rebajándoles cinco puntos su poder adquisitivo, una autentica barbaridad".

"Además del problema que supone para los trabajadores, en ocasiones con sueldos escasos y temporalidad, es una agresión a la negociación colectiva, es un precedente pésimo que se llegue a un acuerdo de convenio colectivo y meses después el Ejecutivo no lo cumpla y rebaje los salarios, una auténtica barbaridad que no podemos permitir porque tiene riesgo de contaminarse", aseveró.

Buey reclamó al Gobierno "que retire las propuestas y retome las políticas sociales" porque "no puede seguir cediendo a los chantajes de los sectores financieros más especulativos, que parece que son los están gobernando España".

"Vamos a llegar hasta donde haga falta, de momento es una movilización sectorial contra el patrono, pero hay otras medidas miserables como congelar las pensiones o meter mano y sustraer algunos meses de prestación a personas con dependencia, medidas testimoniales y miserables como reducir la escasa cooperación internacional, que se traduce en hambre y mortandad infantil, o medidas tan irresponsables como retraer de la economía 15.000 millones de euros cuando está muy fría", indicó.

Unas medidas que, a juicio de Buey, "van a suponer que cientos de empresas pequeñas tengan más dificultades y no puedan mirar hacia adelante, cientos de autónomos tengan problemas para poder pervivir y miles de personas vayan a ir al paro: más recesión, más problemas y más paro".

Además, Buey indicó que los sindicatos han llevado estas medidas "a los tribunales". "Esperamos que nos den la razón porque pensamos que son ilegales, pero entendemos que el Gobierno no puede esperar a que el tribunal se pronuncie, debería eliminar esas medidas ya porque no son valientes sino cobardes, porque van a colectivos con poca capacidad de respuesta y pensando que tienen eco popular", concluyó.