El PNV y el PSE-EE evidenciaron hoy en el Parlamento vasco las diferencias que todavía mantienen en torno al Plan de Convivencia del Gobierno autonómico. Los jeltzales advirtieron de que la deslegitimación de la violencia no debe limitarse a ETA, sino que ha de incluir la ejercida por "los poderes públicos", mientras que los socialistas achacaron la falta de concreción del PNV en este asunto a posibles "diferencias" en sus filas.

El pleno del Legislativo vasco debatió hoy, a propuesta de Aralar, sobre el Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia que el Ejecutivo pretende implantar a partir del próximo curso escolar. En los últimos días, el PNV y el Gobierno vasco han celebrado diversos encuentros con el fin de que los jeltzales se sumen al apoyo al documento, que ya cuenta con el respaldo del PP y UpyD.

La Cámara, con el apoyo del PSE, PP y UpyD, aprobó hoy un texto alternativo a la propuesta original de Aralar. El documento insta al Ejecutivo autonómico a que "prosiga su labor de búsqueda del mayor grado de acuerdo posible" en torno al Plan de Convivencia, que consiste en una reformulación del Plan de Educación para la Paz aprobado en la época del Gobierno de Juan José Ibarretxe.

A través de la iniciativa aprobada hoy, el Parlamento insta al Ejecutivo a que presente, con el mayor consenso posible, un texto refundido que "recoja el espíritu" de los dos documentos, "de modo que sea de aplicación en el próximo curso escolar" y que permita "avanzar en el proceso de deslegitimación de las distintas formas de violencia y, en concreto, del terrorismo".

En el transcurso del debate, la parlamentaria del PNV Maribel Vaquero y el representante del PSE Mikel Unzalu evidenciaron la distancia que separa a ambas formaciones en esta materia, a pesar han mantenido en los últimos días con el objetivo de acercar posturas.

"potencial reconciliador"

Vaquero, que forma parte de la comisión negociadora del PNV, advirtió de que el documento no puede "priorizar unas vulneraciones de derechos humanos sobre otras", dado que, entonces, se perdería "el potencial reconciliador" de la iniciativa.

A su juicio, la deslegitimación de la violencia que se pretende impulsar a través del Plan "debe referirse a todas las formas de violencia: a la de ETA y a la que han ejercido los poderes públicos", ya que ambas "forman parte del mapa de vulneración de derechos de este país". Por otra parte, consideró que el texto "mezcla la reivindicación de un determinado sistema institucional" con la deslegitimación de la violencia, algo con lo que se mostró en desacuerdo.

"diferencias" en el pnv

Desde el PSE, Unzalu coincidió en la necesidad de "denunciar todo tipo de violencias", aunque, en referencia a ETA, subrayó la necesidad de "incorporar a ese todo una parte esencial" de las vulneraciones de derechos que se producen en Euskadi. Respecto al modelo institucional, subrayó que, aunque sujeto a críticas, es importante "ponerlo en valor" y no "deslegitimarlo".

El representante del PSE echó en falta un mayor grado de concrección en las aportaciones que el PNV pretende realizar al Plan. Unzalu su preguntó si las "generalidades" que plantean los jeltzales en torno a este asunto se deben a "las diferencias" que puedan existir en el seno de ese partido.

Tras dejar la puerta abierta al diálogo, aseguró que el documento actual ya cuenta con "más apoyos" que el Plan elaborado por el Ejecutivo anterior. Unzalu anunció que el Gobierno tiene previsto remitir a los partidos y a los agentes sociales implicados el nuevo borrador que prepara sobre el Plan.

"descontaminar conciencias"

La parlamentaria del PP Mari Mar Blanco afirmó que el proyecto debe acabar con la "equidistancia y ambigüedad" frente al terrorismo, así como a "descontaminar las conciencias" de muchos jóvenes que siguen respaldando a ETA.

La portavoz parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, manifestó que "los derechos humanos son indivisibles", y consideró que la deslegitimación de la violencia no tiene por qué ir acompañada de la reivindicación de un sistema institucional sobre el que existen importantes "diferencias".

El parlamentario de Aralar, Jesús Mari Larrazabal, criticó la forma en la que está gestionado este asunto el Gobierno, y afirmó que "la deslegitimación de la violencia hay que hacerla donde hay que hacerla". Desde EB, Mikel Arana denunció que su grupo no ha tenido acceso al segundo borrador del texto. Gorka Maneiro, de UpyD, destacó la importancia de reforzar la deslegitimación de ETA en las aulas.